Esperar los decretos y determinaciones que llegarían con EL ESTADO DE EMERGENCIA SOCIAL declarado por el gobierno nacional que anunciaba un especial tratamiento y recursos adicionales para los eventos no POS, pasó de ser una esperanza para quienes su vida depende o puede llegar a depender de un procedimiento o medicamento no POS, a un atentado dirigido desde el estado a sus ciudadanos.
Causa indignación que para poder acceder a un derecho constitucional como lo son la salud y la vida, se condicione a los estados financieros que los pacientes con necesidades no POS puedan demostrar; según lo planteado el Estado asume su responsabilidad dependiendo del costo, ¿acaso tiene más derecho un paciente cuyas necesidades son de menor costo?, ¿dónde queda el principio de equidad que rige nuestro sistema de salud?, recuerden “a cada quien de acuerdo a su necesidad”, y un paciente cuya opciones para preservar la vida, sean de un mayor costo, no debe estigmatizarse por su necesidad particular.
Por favor es hora de que se concentren en dar oportunidades en vez de restarlas; por ejemplo concentrándose en realizar gestiones eficientes, que no permitan el desvío de dineros de la salud para acciones corruptas, esperaría por ejemplo medidas de que eliminen sobrecostos por intermediación con altísimos recobros al sistema y esta es una sola de las prácticas que muchos conocemos, están desangrando los dineros de la salud.
Para los médicos sería inaudito que aceptaran la amenaza de multas por no seguir los lineamientos de estas medidas de protección económica más que de preservación y recuperación de la salud que debería ser el fin último de todos los actores del sistema. ¿Dónde quedaría la autonomía medica?, estarían lo pacientes en manos de profesionales atados y rendidos a un sistema que está protegiendo intereses económicos?, ¿el juramento hipocrático sería entonces eliminado de los protocolos de obtención de títulos? Sabemos que no lo permitirán y confiamos en nuestros profesionales.
El gobierno trata de justificar las medidas adoptadas, presentando como el gran objetivo la universalización y muy seguramente lo conseguirán disminuyendo el número potencial de afiliados con el atentado generado por las medidas anunciadas.
Luz Victoria Salazar C Directora Ejecutiva ACOPEL
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