Los discursos gastados de la paz

Posted on 11 de octubre de 2016 by Periodismo Público

La palabra “paz” se ha vuelto moneda corriente en el país desde hace años. Da la impresión de que todos los sectores sociales y políticos, e incluso los actores armados, quieren que por fin llegue una paz duradera a Colombia. Parece, pero también parece que este mismo discurso se ha ido desgastando con los años, que detrás de esta palabra se esconde el rencor que incita constantemente la guerra y que, infortunadamente, todos los colombianos hemos caído presa de ello en alguna medida.

Desde mediados de los años 30 los “ideólogos” no han dudado en promover que se empuñen las armas para evitar que los tentáculos de amenazas internacionales alcancen estas tierras; pero mientras los idearios reaccionarios y progresistas consumían las mentes de quienes podían educarse en los libros y en las universidades, los más pobres eran devorados por la injusticia y la ignorancia, esperando -eso sí cristianamente- que algún señorito liberal o conservador pudiera mejorar las condiciones de vida en los campos o en los suburbios.

Cuando empezamos a matarnos los de abajo los conceptos mal digeridos no eran sino cáscaras vacías ininteligibles rellenas del resentimiento y el odio que servían para lavarnos las manos con la sangre de un enemigo tan ignorante como nosotros. No, el motor real de ese conflicto no fueron las ideas, sino el rencor que ha generado la pobreza, la rapiña y el despojo. Mientras tanto, las élites levantadas que promovían la guerra se aferraban a la fe patriotera de que este país, situado en la periferia de la periferia, podía ser tenido en cuenta por alguna de las potencias amadas o temidas.

Lo cierto es que los discursos sobre la paz precedieron incluso a las guerrillas liberales. A finales de los 40 Gaitán vislumbraba que la violencia en Colombia era un problema más que político. Por eso fue silenciado y, como era de esperarse, la venganza no podía ser menos violenta. Desde ahí muchos discursos de paz no han propuesto más que silenciar al “otro”, ese enemigo cuya etiqueta se le pone a todos los que no piensan igual, a todos aquellos que se ven como una amenaza. Esos discursos de paz han atizado el fuego de la violencia, la intolerancia y la exclusión.

Hoy nos hallamos en medio de otro enfrentamiento. Aunque a veces no lo parezca, muchos de quienes se oponen a los acuerdos también proponen una paz, pero es una que ya se conoce, aquella que impuso el “pacificador” Rito Alejo del Rio en Urabá, la de las “limpiezas” sociales y políticas, la que puso a competir a las Fuerzas Armadas con ejércitos privados de élites regionales en la lucha contrainsurgente. Esta paz es la que se niega a escuchar razones, la de la verticalidad que no reconoce el sufrimiento del que ha brotado la violencia que dice denunciar. Es una paz que amenaza con la guerra aunque la llame santa.

La otra paz que se impone es la de la propaganda, no la de los acuerdos, pese a que los tenga por bandera. Es la paz que promete más de lo que puede cumplir, la que puso la maquinaria electoral por encima de la información y la educación. Esta paz parte de la premisa uribista de que el problema de la guerra en el país es el enfrentamiento entre el Estado y las FARC, cuando la realidad es mucho más compleja (de ahí, sin embargo, que los acuerdos empezaran con el planteamiento de una Reforma Rural Integral…). En algo tenían razón ciertos detractores del proceso y es que el gobierno de Santos invirtió tanto tiempo, dinero y esfuerzo en las negociaciones de la Habana que ha dejado en un segundo plano los demás problemas del país (hay que preguntarle a los estudiantes, a los docentes, a los campesinos o los camioneros, por ejemplo, si se les ha cumplido las promesas después de haber levantado los paros). Esta situación se evidencia en la incertidumbre que quedó tras los resultados del 2 de octubre.

La ignominiosa confrontación de cara al plebiscito reflejó nuevamente la extrema polarización del país. La paz de las dos banderas se convirtió en una guerra librada por otros medios. Como muchas otras, esta fue una campaña de miedo, ignorancia y chantaje moral en el que cada bando creía ser superior al otro por la posesión de una “verdad” preestablecida sobre el futuro de Colombia. Reitero: hablo de las campañas, no de los acuerdos, pues estos últimos aparecía esporádicamente. En efecto, las síntesis realizadas por los partidarios del Sí y por la campaña del gobierno fueron insuficientes para revertir los efectos de las nocivas afirmaciones del Centro Democrático y los adeptos al No. La solución más simple era leer los acuerdos, solo que, paradójicamente, era algo complejo, pues se contó con poco tiempo para digerir las 297 páginas del documento, empresa casi imposible -porque así se demostró- para los lectores y, sobre todo, no lectores promedio. Faltó voluntad para enterarse realmente de los puntos estipulados y sus particularidades, también faltó mucho decoro para discutirlos.

El “Si a la paz” fue una ilusión que sirvió para dividir el país entre buenos y malos, se convirtió en una lógica binaria que se esperaba únicamente de los opositores al proceso, como se ha dado desde 1982 hasta hoy ante sucesos semejantes y cuyas consecuencias nefastas ya se conocen. Esta estrategia encubría, sin embargo, algo más prudente y valioso, algo que se dijo pero a lo que no se le prestó suficiente atención publicitaria: que los acuerdos eran (y son todavía) un instrumento, un conjunto de compromisos enfocados en mitigar la violencia. No implicaban una paz inminente, sino el comienzo de un proceso largo, pero posible, al que se le imponían baches políticos, sociales y armados. Aunque los acuerdos no comprometían el desarme de todos los grupos ilegales (en cuyo caso quizá sí se hubiera podido hablar de paz), promovía una apertura democrática que cambiaba el fuego cruzado entre las FARC y el ejército por garantías para la participación política con una serie de responsabilidades hacia el Estado y hacia las víctimas que desmentían las acusaciones de impunidad. El gobierno se comprometía a cumplir con las funciones de un verdadero Estado Social de Derecho.

La campaña del No estaba fundada en mentiras peligrosas. Los acuerdos no le iban a entregar el país a las FARC, lo contrarío podría ser más cierto: las FARC le iban a entregar el país al Estado, pues el requisito innegociable era, precisamente, la dejación de las armas, aquello sin lo cual lo estipulado no tendría validez. Por la misma razón se establecía el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, pues la lucha continuaba contra los actores violentos restantes y contra los brotes de paramilitarismo que amenazaban la vida de los desmovilizados.

Absurdas aparecen, entonces, las afirmaciones de aquella representante que, fuera de sus cabales, debatía el presente y el futuro del ejército colombiano entre ser “damas rosadas” o fieros animales de presa. Lejos de humillar a las Fuerzas Armadas los acuerdos conseguían que su enemigo más antiguo las reconociera como la única fuerza legítima y les encomendaba el ejercicio de su efectividad letal contra el crimen, el narcotráfico, el paramilitarismo y los elementos que, dentro de ellas mismas, enlodan su nombre y su dignidad.

Entre un sinnúmero de mentiras, que todavía el país debe poner en el debate público, y el miedo a una apertura democrática real, a la configuración de un verdadero Estado de derecho (sin sombra de comunismo, por lo demás), el miedo a la protección de defensores de derechos humanos (que siguen apareciendo entre las víctimas de la violencia), a las acciones judiciales contra los gestores y financiadores del paramilitarismo, a los intentos de una reforma agraria; en suma, entre las mentiras, el miedo a que las cosas sean diferentes y la desinformación se gestó una polarización que no es nueva, que sigue tan vacía de razones como antes y tan llena de odios como siempre.

Con el limitado triunfo del No en el plebiscito el Centro Democrático tiene la obligación de proponer un nuevo acuerdo en el marco de una discusión seria de los puntos precisos en los que discrepa y de una revisión clara y exhaustiva de los textos de los que se desprenden, según sus voceros, consecuencias contrarias al interés nacional. Debe demostrar que su rabia se fundaba en una verdadera injusticia y no en la sed de triunfo electoral. Deben desmentir a quienes los acusamos, línea a línea con el documento, de haber mentido irresponsablemente en la campaña. Deben asimismo hacerse responsables de las amenazas de todos aquellos que, en nombre de su causa, sus razones y su propaganda, aseguraron armarse si ganaba la refrendación.

El reto que tiene el uribismo, que se suma al reto que ya tenían los negociadores, no solo es procurar el desarme de las FARC y las demás guerrillas, así como impedir un nuevo brote paramilitar, sino además, y sobre todo, diseñar acciones políticas que tiendan a mitigar las condiciones sociales que han dado lugar a que se geste la insurgencia, pero no censurando el marxismo o el pensamiento de izquierda, no silenciando a los defensores de derechos humanos y de reivindicaciones sociales, pues esta guerra solo en apariencia es de ideas. Es necesario que se pongan sobre la mesa propuestas que reduzcan el desempleo, los salarios de hambre, la injusticia social, la discriminación, el despojo de la tierra y las demás inclemencias que azotan nuestro país. Es con respecto a esos problemas que hay que poner a funcionar las ideas. Porque las FARC no son los únicos que deben pedir perdón, también el Estado, los paramilitares, el ELN, los ladrones de tierras y quienes se las compran, los empresarios explotadores, los empleados públicos que desangran el erario, la iglesia católica y las iglesias cristianas que se han aprovechado de la fe de sus fieles y han instigado el odio en lugar del amor que dicen predicar. Perdón debemos pedir todos los que en algún momento hemos sido indiferentes al dolor y a la violencia en Colombia.

Creo que al menos una cosa se ve con cierta claridad y es que si coincidimos, desde posiciones divergentes, que queremos que en nuestro país cese la horrible noche, debemos empezar por despojarnos del resentimiento. Esto no implica dejar de atribuir responsabilidades, pues la irresponsabilidad de quienes promueven la violencia y la intolerancia nos siguen dividiendo. Si ya estamos cansados de la guerra, si nos desanima la injusticia cotidiana, si al menos nos llega un poco de ese inmenso dolor que se ha cosechado en este territorio, es hora de asumir nuestra propia
responsabilidad, de educar donde hallemos ignorancia y de educarnos para acabar con la nuestra. No sé si así lleguemos a la tan anhelada paz, pero quizá logremos en parte cambiar las armas, los gritos y la rabia por argumentos, ¿qué podemos perder? La vida la hemos estado perdiendo durante años y para seguirnos matando tendremos todavía tiempo.

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