Plan estratégico por los derechos de niños, niñas y adolescentes

Delegados de la gobernación de Cundinamarca, la Policía de Infancia y Adolescencia, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Consejo Territorial, entre otros, se reunieron para dialogar sobre el Plan estratégico de la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia de Cundinamarca.


“Estamos finiquitando la ruta para la implementación de esta política, que se ejecutará durante los próximos 10 años, mediante proyectos sectoriales, metas y recursos basados en el plan de desarrollo de Cundinamarca ‘Unidos podemos más’ y que comprende la atención integral con condiciones y estados materializados a fin de que Cundinamarca sea territorio garante de los derechos de niños, niñas y adolescentes felices, amados y con entornos amigables”, expresó María Jaidy Zárate Valero, directora de Intervención Poblacional de la secretaría de Desarrollo e Inclusión Social de Cundinamarca.

Zárate informó también que el plan estratégico de esta política pública se presentará ante el Consejo Departamental de Política Social (Codeps) y posteriormente a la Asamblea cundinamarquesa para su revisión y aprobación.

Así quedó definido en la tercera sesión de la Mesa departamental de primera infancia, infancia, adolescencia y familia, en la que además se socializó la propuesta de ruta para la realización de la próxima rendición pública de cuentas, en la que el gobernador Jorge Rey tendrá un encuentro lúdico, de diálogo y audiencia pública para rendir cuenta a la niñez y adolescencia sobre lo ejecutado por el gobierno departamental en los 109 indicadores sobre la garantía de sus derechos.

Finalmente, el gerente de Infancia, Adolescencia y Familia, Hugo Alexander Bermúdez, informó a los participantes que el gobierno cundinamarqués actualmente trabaja en la ‘Apuesta transversal de primera infancia y adolescentes’ con el ánimo de identificar, mediante cada meta del plan de desarrollo departamental, el nivel de impacto alcanzado por las entidades competentes.

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