Confirman fallo de responsabilidad fiscal contra exalcaldesa de Granada, Cundinamarca
En segunda instancia se ratificó el fallo de responsabilidad fiscal contra exalcaldesa de Granada, Ana Yolanda Arias Pérez, por irregularidades en la construcción de un proyecto de vivienda.
La Contraloría de Cundinamarca ratificó el fallo por medio del cual se declaró la responsabilidad en cuantía de $280.672.160 (indexada), en contra de la señora Ana Yolanda Arias Pérez, exalcaldesa del municipio de Granada, y al contratista, Fundación Danca Arbaro (FUNDAAR), por la pérdida de recursos invertidos en el contrato de obra pública No. 001 de 2012, para la construcción de 76 viviendas de interés prioritario, en el proyecto Villa Paula de la Nueva Granada.
La Contraloría de Cundinamarca ya había dado a conocer el caso y hecho seguimiento del mismo desde su identificación, logrando confirmar en todas sus partes que la exalcaldesa, con su conducta imprudente y negligente, suscribió el contrato de obra pública No. 001 de 2012, sin que se hubiera realizado la revisión de las circunstancias existentes al momento de su celebración, relacionadas con la ausencia de concertación ambiental, la necesidad de realizar la corrección de problemas de diseño, así como la verificación de obras de urbanismo en mal estado.
Además de lo anterior, se suma el agravante de no haberlo dotado de una correcta interventoría, invirtiendo recursos públicos que posteriormente no prestaron ningún servicio a la comunidad y se convirtieron en un nuevo elefante blanco para el municipio de Granada, que es una entidad territorial de sexta categoría, cuyo presupuesto propio no supera los 28.600 millones de pesos.
Frente al contratista, la Contraloría de Cundinamarca confirmó que dio inicio a las obras sabiendo que los diseños entregados por el municipio no se ajustaban a la realidad del terreno en el que se iban a construir las viviendas y conociendo que las obras urbanismo preexistentes no iban a permitir que las casas fueran totalmente funcionales, tomando determinaciones unilaterales sin la debida justificación técnica o financiera y sin informar al contratante oportunamente sobre todos los problemas de la construcción en los términos exigidos.
Foto: Contraloría de Cundinamarca
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