Alza del salario mínimo para 2026 despierta alertas y respaldos
El incremento del 23 % decretado por el Gobierno divide opiniones entre quienes lo ven como una garantía de ingreso digno y quienes advierten riesgos para el empleo, las pensiones y la inflación.
El alza del salario mínimo para 2026, que llevará el ingreso mensual a $1.750.905, abrió un amplio debate nacional. Mientras el Gobierno defiende la medida como un avance en justicia social y poder adquisitivo, expertos, gremios y consultores alertan sobre impactos fiscales, laborales y en el costo de vida, especialmente en sectores sensibles de la economía.
Salario vital y mejora del ingreso: los argumentos a favor
El Gobierno Nacional respalda el aumento bajo el concepto de salario mínimo vital, alineado con los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según el presidente Gustavo Petro, el objetivo es garantizar que los trabajadores puedan cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud, educación y transporte, promoviendo un nivel de vida digno para las familias colombianas.
Desde esta perspectiva, el incremento permitiría fortalecer el poder adquisitivo de millones de trabajadores y reducir brechas sociales, especialmente en un contexto de altos costos de vida. Para el Presidente, el ajuste busca responder a una realidad económica que exige mayores ingresos para sostener el bienestar de los hogares.
Riesgos fiscales y pensionales en el centro de la crítica
Uno de los mayores reparos frente al aumento del salario mínimo está en lo que podría pasar con las pensiones y las finanzas del Estado. De acuerdo con la consultora Integral Soluciones Pensionales (ISP), este incremento implicaría que Colpensiones tenga que destinar cerca de $6,7 billones más que en 2025 para cubrir sus obligaciones, lo que además generaría un hueco adicional de $3,1 billones en el presupuesto nacional.
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A esto se suma la preocupación por el futuro del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que, según las proyecciones, podría quedarse sin recursos en los próximos años. En el caso de quienes cotizan en fondos privados, el dinero que necesitarían ahorrar para lograr una pensión superaría los $525 millones por persona, una meta difícil de alcanzar para muchos trabajadores. Esto podría significar pensiones más bajas y una pérdida de poder adquisitivo con el paso del tiempo, afectando especialmente a quienes tienen ingresos más limitados.
Efectos en empleo, vivienda y costo de vida
Los gremios empresariales también expresaron su preocupación por las consecuencias en el mercado laboral. El Comité Intergremial del Tolima advirtió que un incremento de esta magnitud podría agudizar la informalidad, desincentivar la inversión y afectar la sostenibilidad de micro y pequeños negocios, especialmente en las regiones.
El impacto también se reflejaría en sectores como la vivienda de interés social, cuyos topes están indexados al salario mínimo. Con el alza del 23 %, el valor máximo de las viviendas VIS aumentaría de manera considerable, encareciendo el acceso para muchos hogares.
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En el bolsillo de los hogares, el aumento del salario mínimo también podría sentirse en el precio de los productos básicos. Expertos del sector agropecuario han advertido que el alza del mínimo puede presionar los costos de producción y distribución de alimentos esenciales, como el huevo y el pollo. Actualmente, una cubeta de 30 huevos AA se vende entre $13.990 y $24.500, y con el ajuste salarial y la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), los precios en 2026 podrían ubicarse entre $14.816 y $25.947, lo que impactaría directamente la canasta familiar.
Así, la discusión sobre el salario mínimo para 2026 se mueve entre la promesa de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y las alertas sobre los efectos colaterales en la economía. Mientras el Gobierno insiste en que el ajuste es necesario para garantizar ingresos dignos, distintos sectores piden una evaluación cuidadosa de sus impactos en el empleo, las pensiones y el costo de vida. El reto, coinciden los analistas, estará en lograr un equilibrio que permita proteger el poder adquisitivo sin comprometer la estabilidad económica del país.
Foto: Ministerio de Transporte/Shutterstock
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