Recibía el dinero desde Soacha: condenan mujer por participar en red de extorsión
La mujer fue hallada culpable como cómplice de extorsión agravada y deberá cumplir una condena de 20 meses de prisión en la cárcel El Buen Pastor.
Una mujer residente en Soacha fue enviada a prisión tras ser condenada por su participación en una red de extorsión que intimidó a víctimas en varios departamentos del país. La sentencia ordenó su traslado inmediato a la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, donde deberá cumplir 20 meses de reclusión sin beneficios.
Rastreo de llamadas y giros permitió la condena
La decisión judicial recayó sobre Yurley López Bayona, quien fue hallada culpable como cómplice de extorsión agravada por recibir y reclamar giros de dinero producto de amenazas realizadas por supuestos grupos armados. La condena fue emitida por un juez de La Dorada, Caldas, y se hizo efectiva el pasado viernes.
Según la investigación, López Bayona cumplía un rol clave dentro del esquema criminal: figuraba como destinataria de los pagos exigidos a las víctimas, quienes eran contactadas mediante llamadas intimidatorias en las que se les advertía sobre supuestos atentados contra su vida, sus familias o sus bienes si no accedían a entregar dinero.
Los hechos ocurrieron en enero de 2023 y afectaron, entre otros, a un propietario rural y a un docente del departamento de Sucre. Ambos denunciaron haber recibido amenazas constantes y exigencias económicas que los llevaron a consignar sumas millonarias, algunas de ellas a nombre de la hoy condenada.
Las autoridades lograron rastrear las comunicaciones utilizadas para las extorsiones, las cuales presentaban ruteo hacia el municipio de La Dorada, lo que permitió establecer la conexión entre las llamadas y la recepción de los recursos. Aunque no se determinó con certeza si los responsables actuaban desde centros carcelarios o desde el exterior, el material probatorio fue suficiente para sustentar la condena.
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Con esta sentencia, la justicia reiteró que no solo quienes realizan las amenazas enfrentan consecuencias penales, sino también quienes facilitan el cobro y la circulación del dinero producto de la extorsión, un delito que continúa afectando especialmente a comunidades rurales del país.
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