Subsidios y «beneficios» sociales, estrategias de presión electoral
La Misión Internacional de Observación Preelectoral, visitó cuatro departamentos del país y encontró una serie de irregularidades y riesgos para las elecciones que se avecinan.
“Están negociando con la miseria”, afirmó Laura Carlsen, una de las investigadoras de la Misión Internacional de Observación Preelectoral, que participó de la visita a cuatro departamentos del país para conocer ‘en carne propia’ las denuncias sobre delitos electorales.
La investigadora se refirió a la manera como en algunas ciudades capitales y municipios de Antioquia, Córdoba, Santander y Valle del Cauca están presionando a los beneficiarios de los subsidios de Acción Social para que voten a favor de candidatos ‘uribistas’.
“Aspirantes a la Cámara y Senado han asistido a reuniones con los beneficiarios de los programas de Acción Social, donde se les ha señalado que si no votan por ellos y por el partido de gobierno, los subsidios que reciben del Presidente de la República se acabarían”, indica el informe preliminar de la Misión.
Y aunque la Misión no reveló los nombres de los candidatos cuestionados, Gimena Sánchez-Garzoli, titular del programa para Colombia y los Andes de la Oficina de Washington para América Latina, explicó que la información recopilada será presentada en un informe final ante los organismos electorales y de investigación durante la primera semana de marzo.
Recién publicada la denuncia en los medios de comunicación, Acción Social publicó un comunicado en el que hace un llamado a la ciudadanía para que denuncien a quienes estén realizando este tipo de prácticas, utilizando los subsidios nacionales.
Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), hizo un llamado a la ciudadanía. “Los subsidios son una política del Estado, que no son del bolsillo de ninguna autoridad, candidato o persona particular. Ese dinero proviene de nuestros impuestos”, dijo.
Otras alertas
De forma preliminar, la Misión presentó un panorama de estas regiones, donde también hay “graves violaciones al derecho a la vida, cometidos por los actores armados legales e ilegales y los narcotraficantes”, que llevan a que “muchos votantes no participen en el proceso electoral”.
En esta situación hacen énfasis los investigadores, quienes reiteraron que en las regiones muchos electores tienen miedo de votar por ciertos candidatos, de caminar de forma libre por algunas zonas o de realizar campañas de oposición. Por su parte, varios periodistas independientes manifestaron temor por las amenazas y presiones de las cuales son objeto cada vez que denuncian delitos electorales.
Sobre la participación indebida en política, la Misión advirtió que en las regiones varios alcaldes, gobernadores y concejales intervienen de forma directa para favorecer a sus candidatos. Una de las estrategias es contratar a personal mediante la modalidad de prestación de servicios, pero con funciones designadas no para la administración municipal o departamental, sino para asesorar campañas de determinados candidatos.
Respecto al tema de la compra de votos, la Misión Internacional indica que en las regiones es frecuente la “tula millonaria” o la repartición de tejas, ladrillos o cemento, pero que estas denuncias tampoco han sido registradas ante los organismos de investigación por temor.
“Esta situación llama la atención del equipo sobre la aparente ruptura entre los aspectos formales de la sociedad representados en la institucionalidad colombiana, y la cotidianidad de su población, que además señala no tener confianza en sus autoridades, lo cual impide el proceso de denuncia formal”, indica el informe.
Frente al panorama, Ted Lewis, director del Programa de los Derechos Humanos de Global Exchange (ONG que coordina la Misión), concluyó: “Podemos calificar la situación como preocupante, porque hay muchos factores que están oscureciendo el horizonte del proceso democrático en el país. Cuando hay elecciones bajo estas circunstancias es muy difícil”.
Fuente:elecciones_2010/votebien terra.com
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