Alcaldía de Soacha quiere derribar porterías de San Carlos sin cumplir fallo judicial
Si bien es cierto existe un fallo judicial proferido por el Juzgado 11 administrativo de descongestión de Bogotá que ordena a la Alcaldía de Soacha demoler dos porterías del conjunto residencial San Carlos, la misma sentencia es clara que para hacer efectiva la orden se requiere que el municipio garantice la seguridad y las medidas de refuerzo estructural que evite agrietamientos en los edificios.
Según los residentes y miembros del consejo de administración del conjunto residencial San Carlos, la alcaldía no ha hecho absolutamente nada para cumplir los requerimientos del fallo, y aun así piensa adelantar la diligencia para demoler las porterías uno y cuatro.
“La alcaldía no se ha preocupado por garantizar la seguridad y el arreglo de la malla vial, como dice el fallo judicial, por eso el lunes vamos a salir a protestar y a impedir que se derriben las porterías”, manifestó Jonathan David Torres, administrador del conjunto San Carlos.
Los numerales b y c del artículo segundo del fallo son claros:
b) Se ordena al municipio de Soacha determinar la clase de vehículos que pueden transitar por la mencionada vía (Cra. 6 que conecta con Diagonal 15 B), mientras se toman las medidas de refuerzo de estructuras, teniendo en cuenta el agrietamiento que presentan las edificaciones del conjunto.
c) Tomar las medidas policivas necesarias que permitan reforzar la seguridad en el sector, una vez se cumpla con la orden de demolición de las porterías.
Lo que preocupa a los residentes de San Carlos es que ellos han intentado en repetidas ocasiones llegar a un acuerdo con el municipio para que se les garantice los derechos, pero ningún funcionario del municipio los ha atendido.
“Se enviaron cartas correspondientes a las entidades del municipio y hasta el momento no se ha recibido ningún tipo de respuesta, también se le informó al alcalde y nada, la única que se manifestó fue la inspección para decirnos que venían el lunes 20 a tumbar las porterías, pero hasta el momento no se ha concertado nada para que nos colaboren”, agregó Jaime Stiven Insuasty, presidente del Consejo de Administración del conjunto.
La comunidad y el consejo de administración son conscientes del cumplimiento que hay que darle al fallo, pero reclaman con razón que la alcaldía les garantice sus derechos.
“El fallo es muy preciso y lo que queremos es que la alcaldía se apropie del tema y nos garantice lo que se ordena. Pedimos seguridad porque no es secreto que el municipio sufre de problemas de inseguridad y no queremos que el conjunto se inunde de delincuentes. En cuanto a la malla vial, realmente esta vía no está capacitada para resistir tráfico pesado, entonces lo que queremos es sentarnos con la alcaldía y acordar las medidas a tomar”, precisó el administrador del conjunto.
El miedo de los residentes, como lo asegura Insuasty, es quedar a la deriva y a merced de la delincuencia. “Esa es una de las principales preocupaciones de la gente porque quedamos sin protección alguna y la inspección no da basto para poder cubrir las necesidades que actualmente tiene el sector”, aseguró.
El miércoles 30 de abril de 2014 se iba a hacer la demolición de las estructuras que protegen el conjunto, sin embargo, las autoridades al ver el inconformismo de muchos residentes y la protesta que estaban efectuando, decidieron aplazar la diligencia judicial y será este lunes 20 de abril cuando se intente de nuevo hacer efectivo el fallo, a pesar de que durante cerca de un año la alcaldía no hizo nada para llegar a un acuerdo con los habitantes de San Carlos.
La triste historia para más del 90% de los copropietarios y residentes obedece a una demanda interpuesta por un reducido número de habitantes del conjunto, quienes pretenden evadir el pago de las cuotas de administración. Ellos de paso interpusieron una demanda donde pidieron derribar el muro de encerramiento de San Carlos.
Ante las quejas y demandas, el municipio inició un proceso por restitución de vías públicas. Significa que se pretende derribar el encerramiento del conjunto y utilizar las calles de la urbanización para el tránsito normal de vehículos, y al no existir muro, simplemente cualquier persona o vehículo puede ingresar o atravesar por la urbanización.
No obstante, tanto el administrador como el presidente del consejo de administración del conjunto, aseguraron que aun derribando las porterías, San Carlos seguirá rigiéndose por la Ley 675 de 2001 y todos los copropietarios deben continuar pagando las obligaciones aprobadas en asamblea. “Hay que pagar porque se debe cancelar el recibo de la luz, el arreglo de las zonas comunes y en general es necesario seguir manteniendo nuestro conjunto”, aseguró Torres.
Por ahora se va a esperar la diligencia de este lunes, pero los residentes de San Carlos son claros que saldrán a impedir que se derriben las porterías porque la alcaldía no ha concertado con ellos de qué manera va a cumplir lo ordenado por el Juzgado 11 administrativo de descongestión de Bogotá.
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