La educación gratuita que no es para todos

A raíz de una ley que promulgó el gobierno de Chile, la revista Semana habló con un profesor del país austral para saber qué tan cierto es que las universidades chilenas no tendrán ningún costo ahora.


Desde que la presidenta chilena, Michelle Bachelet, empezó su segunda campaña a la presidencia ya se oían entre sus múltiples promesas que la educación superior volvería a ser gratuita. La promulgación de tal anhelada ley se dio a finales del mes pasado. Pero lo cierto es que la realidad es otra, a pesar de que la intención desde un principio fue que desde el 2016 todos los chilenos pudieran acceder a una educación superior gratuita, la ley es limitada.

“Los centros profesionales del país no serán totalmente gratis. La gratuidad no será para todos los estudiantes”, dijo Andoni Arenas, profesor de la Universidad Católica de Valparaíso. Con la nueva ley que reforma la educación superior, estarán exentos de pagar únicamente los estudiantes de sectores más vulnerables, es decir sólo un 50% de la población estudiantil. Además, todavía hay desacuerdos y oposición por la implementación de dicha ley, ya que no es obligación para todas las universidades sumarse al programa.

La promesa del gobierno es para los jóvenes de grupos familiares cuyo ingreso per cápita es de 221 dólares o menos al mes. “A los chilenos que estén dentro este grupo socioeconómico y se postulen a las instituciones “elegibles”, como se les llamó a las 34 universidades que cumplen los requisitos para la gratuidad (16 estatales, 9 tradicionales y 9 privadas no tradicionales), el gobierno financiará una carrera por estudiante durante el tiempo que ésta dure formalmente según su currículo y sin condiciones académicas”, afirmó Arenas.

A pesar de que la promesa del gobierno consiste en que para el 2018 un 70% todos los alumnos puedan tener una educación gratuita sin costo, este año los recursos alcanzan para que 178.104 jóvenes puedan acceder a estos créditos que está dando el Estado.

Además, la reforma ha generado muchos reparos ya que cambiará el sistema de financiación instituido en las universidades. “Antes el Ministerio de Educación pagaba por cada estudiante después de hacer un análisis financiero individual. Ahora, como los antecedentes económicos deben estar listos antes de los procesos de matrícula, el Estado le va a pasar una o dos veces al año a cada universidad el dinero que corresponde,”, explicó Arenas. No obstante la rapidez de este nuevo sistema, para el profesor el sector de la educación recibirá menos presupuesto: “En mi universidad sacaron un cálculo estimativo y se perderían alrededor de 350 millones de pesos con estos nuevos pagos diferenciables ya que el dinero vendrá del Estado, los estudiantes ya no pedirán créditos bancarios”, dijo.

Para Mario Waissbluth, fundador y coordinador de Educación 2020, un movimiento que busca reformar el sistema de enseñanza en Chile, el Estado a través de becas, créditos o bonos, cubre sólo el 24% del costo de estudiar en educación superior. Las familias deben poner el otro 76%, y eso obliga a las familias a endeudarse porque las carreras son muy costosas. Así mismo, varios centros de formación técnica e institutos profesionales privados donde ingresan jóvenes de escasos recursos en su mayoría quedaron fuera del programa de gratuidad este año. Como medida, el gobierno otorgará algunas becas y mantendrá créditos y otras ayudas indirectas.

Todo apunta a que en Chile la educación es un negocio bastante lucrativo. “Después de las reformas neoliberales de Augusto Pinochet, se crearon universidades con fines de lucro, bajo la modalidad de empresa. Por tal razón el gobierno está financiando vía beca o crédito el lucro de estas empresas llamadas universidad”, argumentó Arenas.

Los docentes

Y aunque la educación sea vista como un negocio lucrativo en el país. Los docentes del país, no son bien remunerados, aunque se les considere como una figura con una gran responsabilidad y exista una fuerte conciencia por su valor social.

“Para ser profesor en Chile hay que formarse en licenciatura, pasando 10 semestres en la universidad. Dependiendo en donde se quiera enseñar, el aspirante a profesor tendrá que estudiar un tipo de licenciatura diferente”, explica Arenas. “En educación básica priman componentes pedagógicos; en cambio en la secundaria hay un modelo más especialista en formación científica y de humanidades”, añade.

Después de terminar la formación universitaria, los recién graduados deben pasar por una prueba creada por el Ministerio de Educación de Chile, llamada Inicia, que pretende controlar sus aprendizajes. Sin embargo, esta es de carácter voluntario.

A raíz de esto, todo indica que los estándares de calidad en la educación superior del país bajarán; pero que no obstante, se mantendrán los altos costos en las universidades y sólo unos pocos se beneficiarán con la susodicha gratuidad de las universidades.

Tomado de: semana.com

Siga a Periodismo Público en Google News. Suscríbase a nuestro canal de Whatsapp