La corrupción cabalga
La presente reflexión se enmarca en el contexto de la campaña del referendo contra la corrupción que se adelanta en todo el país como preámbulo a las distintas actividades que se realizarán en el municipio con el mismo fin, labor a la cual adhiere y apoya incondicionalmente este ciudadano, a la vez que expresa su apoyo irrestricto a todas las actividades de control social de la gestión pública que en varios sectores del municipio adelantan personas en forma independiente y veedurías en defensa del territorio y el patrimonio público.
El tema de la lucha contra la corrupción en el municipio de Suacha parece estar cambiando de signo durante los últimos tiempos, cuando cada día más ciudadanos han tomado la valerosa decisión de incursionar en las veedurías y el control social para adelantar procesos de análisis e investigaciones relacionados con la transparencia en manejo de la contratación pública local en diferentes áreas como la salud, la educación y la cultura, entre otras.
Y digo que está cambiando de signo porque en pasadas administraciones, quienes se atrevieron a realizar esta valerosa y responsable tarea, en principio alcanzaron el reconocimiento público, pero algunos de ellos fueron rápidamente cooptados por los gobernantes de turno e incorporados a la burocracia local con lo cual los silenciaron para siempre.
No obstante, en esos renovados esfuerzos de control ciudadano se han encontrado indicios y evidencias que están siendo objeto de conocimiento de los organismos de control por el presunto detrimento de los recursos públicos, hasta el enriquecimiento ilícito y otros delitos contra el patrimonio público en diferentes escenarios y entre diversos actores de la administración pública del municipio.
Lo cierto es que esos nuevos buenos vientos de denuncia, como era de esperarse, vienen levantando entre la ciudadanía voces de aprobación y respaldo, asunto que celebramos y respaldamos y con la misma vehemencia rechazamos las campañas de desprestigio que surgen desde círculos cercanos a los presuntos involucrados contra los veedores como consecuencia de las denuncias que son de conocimiento de los ciudadanos en temas de educación, cultura, el plan Carrasquilla, Bomberos, Secretaría General, entre otros, cosa que no se puede decir lo mismo de los organismos de control cuando de cumplir con sus funciones se trata, por la lentitud con que adelantan las investigaciones, la laxitud en el rigor de las mismas y la parcialidad con que suelen caracterizarse sus decisiones finales en favor de los investigados.
Un hecho grave que han suscitado las denuncias y sobre todo su alusión a sus presuntos responsables involucrados directa o indirectamente en hechos de esta naturaleza, no han dudado en acudir a acciones peores que las que cometen contra el patrimonio público, pretendiendo demostrar con ello la transparencia de sus actuaciones.
Estas equivocadas reacciones a las que han recurrido en su desesperación los presuntos responsables, podrían convertirse en un verdadero bumerang contra sí mismos y contra quienes desde las sombras han iniciado una escalada de acusaciones, amenazas y denuncias contra los autores de las denuncias, apoyados en falsos positivos judiciales realizados desde falsos perfiles, seudónimos y otras formas de difamación desde las redes sociales, en las que los posibles responsables, o quienes tienen vínculos con ellos, tratan de desvirtuar no solo los hechos, sino los indicios y pruebas documentales, fácticas y testimoniales que corroboran los diversos grados de vinculación de los comprometidos en la trasgresión de las normas fiscales, disciplinarias y penales en su condición de servidores públicos.
Finalmente resta decir que quienes desde su labor de alto riesgo, pero también desde su alto compromiso ciudadano llevan a cabo los actuales procesos de denuncia, no han sido ajenos a los intentos de persuasión y cooptación, cuando hay amenazas por algunos de los presuntos involucrados, en un intento por bajar el ruido causado ante la gravedad de las denuncias realizadas, razón de más para exigir a las autoridades correspondientes, las investigaciones sobre los falsos positivos judiciales y los falsos perfiles que se mueven en la red como garantía de seguridad por la integridad y la vida de quienes ejercen el control social sobre la gestión de los gobernantes y los funcionarios públicos.
ahtarquinog@gmail.com
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