¿Qué hay detrás de las advertencias de la Defensoría del Pueblo sobre Soacha?
Las dos alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo en menos de una semana sobre la delicada situación del municipio en materia de inseguridad y vulneración de derechos humanos, a simple vista es un reflejo de lo que se escucha a diario en los medios de comunicación. Sin embargo hay quienes aseguran que prender el fuego en Soacha beneficia a ciertas organizaciones y entidades.
Inicialmente, el pasado 21 de junio la Defensoría aseguró que la influencia de las estructuras criminales presentes se ha extendido de sectores como Compartir, San Mateo, la Despensa y Cazucá a la vereda Panamá, desde donde estarían controlando fenómenos como la extorsión y el microtráfico.
El mismo informe advierte sobre la persistencia de preocupantes escenarios de riesgo por violaciones a los derechos humanos en Soacha, donde las muertes violentas durante las últimas semanas no han dado tregua.
Seis días después, la Defensoría volvió a encender las alarmas ante el asesinato de Luis Fernando Ortega Rubio, expresidente de Junta de Acción Comunal y de Nolberto Martínez Macana, quienes según las autoridades, al parecer estaban vinculado con redes de microtráfico.
Si bien la Defensoría del Pueblo es un organismo protector de los Derechos Humanos, no es la primera vez que lanza alertas sobre Soacha. Según las autoridades, el organismo prende las alarmas sin conocer de fondo la situación real del municipio ni las acciones realizadas por la Policía, la Fiscalía, el CTI y la Sijin.
Un ejemplo concreto es lo manifestado por el anterior Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, al recordar que en la Nota de Seguimiento 023 del 20 de diciembre de 2012 sobre un informe de riesgo de inminencia del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), se advirtió el accionar de miembros de presuntos grupos armados ilegales, principalmente de las autodenominadas Águilas Negras- Bloque Capital.
Posteriormente, en noviembre de 2013, un informe de la Defensoría del Pueblo advirtió la presencia de la banda criminal ‘Los Urabeños’ en Soacha, y en marzo de 2014 el informe del SAT indicó que el panorama de riesgo en el municipio continuaba, fundamentado en la presencia y actuación de grupos armados ilegales, aunque no precisó si dichas organizaciones actuaban directamente bajo el nombre que ha caracterizado a las autodefensas, incluso después de la desmovilización, como Águilas Negras, Bloque Capital y los Rastrojos, entre otros.
Pero en todos los casos las autoridades departamentales y locales desmintieron lo emitido por la Defensoría del Pueblo y aseguraron que no es cierto que dichas organizaciones delincuenciales estuvieran presentes en el perímetro del municipio.
En noviembre de 2013, el director seccional de Fiscalías de Cundinamarca, Álvaro Escobar, dijo que a la fecha no se había detectado que “Los Urabeños” estuvieran en Soacha, y que ni la SIJIN, el Cuerpo Técnico (CTI), ni la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía (URI) habían reportado la presencia de este grupo criminal en el municipio.
En la misma fecha, el coronel Fernando Torres, comandante de la Policía del departamento en ese entonces, aseguró que ante la institución no se habían radicado denuncias relacionadas con la presencia de dicha banda criminal en Soacha.
El 22 de marzo de 2014, el entonces comandante del Distrito Especial de Policía Soacha, coronel Carlos Rojas, dijo que el incremento de los homicidios no obedeció a la presencia de grandes bandas criminales ni de paramilitares, sino a grupos delincuenciales relacionados con el microtráfico y el hurto a personas. Al consultarle sobre las cifras, no dudó en acotar que estas acciones estaban relacionadas, en su mayoría de casos, a la ingesta de licor y en ocasiones combinadas con sustancias prohibidas que dieron origen a riñas, actos que posteriormente se desencadenaron en lesiones personales y homicidios.
Y en 2016 de nuevo la Defensoría lanza alertas sobre Soacha. Si bien las autoridades reconocen que en algunas épocas se disparan las muertes violentas, en su mayoría obedecen a retaliaciones y enfrentamientos entre bandas de microtráfico y grupos delincuenciales.
La respuesta a la alerta temprana emitida el pasado 21 de junio, fue un informe detallado de los homicidios en Soacha, y muy al contrario de lo manifestado por la Defensoría, este delito se ha reducido en el municipio, a pesar del incremento exagerado de la población.
“Durante los últimos tres años de manera considerable se ha venido reduciendo el delito, especialmente en lo relacionado con el homicidio y el hurto. Es por eso que hoy tenemos una tasa del 14.9% por cada cien mil habitantes, lo que quiere decir que es una de las más bajas del país», afirmó el Teniente Coronel, Gustavo Berdugo, Comandante de la Policía de Soacha.
Las autoridades de Soacha nunca han negado que se presenten homicidios, pero no comparten la estigmatización del municipio promovida por los medios de comunicación nacional y algunas organizaciones privadas y estatales, y menos que se asegure la presencia de grandes organizaciones delincuenciales cuando las investigaciones de inteligencia y las evidencias dicen todo lo contrario.
Para algunos expertos, entre ellos líderes políticos y autoridades locales, los informes de la Defensoría del Pueblo buscan incrementar la mala imagen de Soacha, promovida por los medios de comunicación nacional, simplemente para justificar ciertas acciones en los territorios donde se presentan las muertes violentas. Incluso hay quienes aseguran que se requiere generar alarmas para abrirle el paso a las ONG y organizaciones que hacen presencia en las zonas donde se han reportado los homicidios.
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