Integración Social denunció el uso de menores en protestas en la calle 26
La Secretaría de Integración Social denunció el uso de menores en protestas en la calle 26, ocurridas el día 26 de febrero. En el lugar se activaron las rutas de protección para niños y niñas que se encontraban en la manifestación
La Secretaría Distrital de Integración Social alertó sobre la presencia de al menos 20 niñas y niños de la comunidad Emberá Katío en una protesta que bloqueó el sistema TransMilenio en la calle 26, a la altura de la estación Ciudad Universitaria-Lotería de Bogotá. Según el equipo de Ciudad Niñez, los menores se encontraban sin acompañamiento de adultos responsables, lo que generó preocupación sobre una posible vulneración de sus derechos.
Los gestores de convivencia reportaron que la manifestación también tuvo presencia en la estación Salitre El Greco, cerca de la sede de la Secretaría de Educación. En respuesta a las demandas de la comunidad, la Secretaría reafirmó su compromiso con el acceso a la educación de los niños de la comunidad Emberá, garantizando la permanencia en el sistema educativo mediante el Programa de Alimentación Escolar (PAE), transporte escolar, entrega de kits escolares y estrategias de inclusión intercultural.
La Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación recordó que, desde septiembre de 2024, tras el retorno de la comunidad Emberá asentada en el Parque Nacional, se han otorgado medidas transitorias de alojamiento a 57 personas mientras avanza su proceso de reubicación con la Unidad para las Víctimas. Aunque estas ayudas estaban previstas para dos meses, su permanencia se ha extendido debido a retrasos en el proceso de traslado definitivo.
La Secretaría de Integración Social denunció uso de menores en protestas y reitero que la participación de los niños en las manifestaciones es una forma de instrumentalización, lo que contraviene el principio del interés superior del niño. Además, recordó que según el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000), esta práctica es considerada un delito.
Ante esta situación, se activó la ruta de protección con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y se informó a la Policía de Infancia y Adolescencia. Asimismo, la Secretaría de Integración Social presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación para investigar y determinar responsabilidades.
Las autoridades distritales hicieron un llamado a la corresponsabilidad de las familias, la sociedad y el Estado en la protección de la niñez, en cumplimiento del artículo 44 de la Constitución y la Ley 1098 de 2006, que establecen la obligación de garantizar un entorno seguro para su desarrollo integral.
Foto: Secretaría de Integración Social
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