Denuncian graves irregularidades en el Centro de atención al menor infractor que opera en Zaragoza

Posted on 14 de febrero de 2013 by Periodismo Público

Intentos de suicidio, falta de espacio, ausencia de programas de resocialización, poca comida y hasta un homicidio registrado el pasado 3 de enero, fueron las principales denuncias allegadas a este medio de comunicación en contra del denominado ‘Centro de internación especializado para adolescentes del departamento de Cundinamarca y el municipio de Soacha’, que funciona en la antigua cárcel de Zaragoza.

Si bien es cierto la intención inicial del centro era albergar a los menores infractores del municipio de Soacha y el departamento de Cundinamarca, y apoyarlos con programas de resocialización para evitar que vuelvan a delinquir, las denuncias aseguran todo lo contrario.

*Paula Ramírez, persona que conoce de cerca el funcionamiento del centro, aseguró que a su interior son bastantes las irregularidades que se presentan, empezando por el escaso personal asignado para cuidar y atender a los internos.

“Los padres del Redentor nombran a unos educadores para que estén ahí por 24 horas cada día. Hay tres educadores diferentes, es decir uno por turno. Son ellos los que se encargan de cuidar la parte de adentro. Y la Policía cuida afuera, que no entre nadie, pero son los educadores los que tienen que estar pendiente de los muchachos. Adentro permanece un educador por turno y afuera hay cinco policías: un subintendente y cuatro patrulleros permanentes”.

Según la denunciante, la comida se suministra a través de un operador que llega tres veces al día: el desayuno a las 8 am, el almuerzo a las 12:30 y la comida sobre 5:30 pm. Sin embargo dice que como al interior no hay cocina, los alimentos se les proporciona fríos y en sus celdas porque no hay un comedor habilitado.

Además asegura que las enfermedades virales son constantes por el frío que se siente al interior del centro. “Comen, duermen y permanecen en la celda, solo toman el sol una hora al día. No ven televisión, no tienen prensa, no hay un servicio de enfermería, psicología, no hay nada”.

Pero según *Paula, lo delicado del caso son las constantes peleas, los intentos de suicidio y el homicidio registrado en enero pasado, sumado a la fuga registrada hace alrededor de tres meses.
“Se intentan suicidar porque en todo el día no hacen nada. No estudian, no leen, no ven noticias, televisión, no se están instruyendo… Se presentan muchas peleas y hay antecedentes de tres o cuatro muchachos que se han querido suicidar y ahorcar. Ellos se cuelgan de los barrotes de la celda con sábanas, pero no han podido. Ayer, por ejemplo, uno de ellos quería ahorcarse pero antes de hacerlo lo bajaron. Dicen que lo hizo porque la noche anterior fue el papá a visitarlo, el muchacho ya iba a terminar de pagar una condena por un delito, pero su padre le dijo que le había salido otro proceso, por eso el muchacho se intentó suicidar”, aseguró.

*Paula se refirió al homicidio del pasado 3 de enero y contó que se trató de José Benedicto Chávez Becerra, de 17 años de edad, quien estaba por robo. “Fue un muchacho que trasladaron el 26 de diciembre para Zaragoza, proveniente del Redentor de Bogotá y el 3 de enero lo mataron. Cogieron un cepillo de dientes, le sacaron punta con los ladrillos, lo apuñalaron en el cuello y el muchacho murió desangrado. Aquí lo grave es que el que lo mató es mayor de edad, él ya había matado a otro en Sesquilé y está pagando una condena por homicidio”, dijo.

La denunciante se pregunta “por qué a José Benedicto lo trasladaron el 26 de diciembre para el centro de Zaragoza, si por el hecho de estar pagando una condena debe haber una orden directamente de un juez y en ese momento el juez se encontraba en vacaciones, entonces el muchacho fue trasladado arbitrariamente”, indicó.

Además y según las investigaciones, “uno de los dos muchachos que estaba ocupando la celda con el menor asesinado es mayor de edad. El código dice que un menor de edad no puede estar compartiendo celda con mayores de edad, deben estar separados, es decir que eso fue un error del coordinador de dicho centro, porque el muchacho que lo mató tiene 19 años y el cómplice 17, al igual que el que murió tenía 17. El cómplice habló y al parecer al muchacho lo mandaron matar porque encontraron una prueba donde decían que la vuelta valía 400 mil pesos. Un papelito que fue roto y que lo reconstruyó la Sijín en su momento cuando hizo la investigación”.

Los antecedentes del centro

Luego del cierre de la cárcel de Zaragoza y ante la necesidad de adecuar o construir un espacio que albergara a los menores infractores de Soacha, el 17 de junio de 2011 se firmó el convenio de cooperación SGO-028-2011 entre el departamento y el municipio con el objeto de unir esfuerzos y recursos para promover la implementación del ‘Centro de internación especializado para adolescentes del departamento de Cundinamarca y el municipio de Soacha’.

El bien inmueble de Zaragoza fue aportado por el municipio, el departamento se encargó de la readecuación, dotación y ajuste, y el ICBF de su administración.

Posteriormente, el 27 de diciembre de 2011, el entonces alcalde José Ernesto Martínez inauguró el centro, pero sin ponerlo a funcionar, y se anunció que la operación estaría a cargo de la Congregación de religiosos Terciarios Capuchinos.

Finalmente, el lunes 5 de marzo de 2012 se firmó el convenio que permitió empezar la operación a cargo de la Fundación Terciaria Capuchina.

Responde el ICBF

Una alta funcionaria del ICBF dijo que para el sistema de responsabilidad penal no ha sido fácil ubicar instituciones en Cundinamarca. Solamente se cuenta con El Redentor, al sur de Bogotá, y desde marzo pasado con Zaragoza, localizado en la vereda Panamá del municipio de Soacha.

Respecto a las denuncias, desmintió algunas versiones y aseguró que el problema básico del Centro de internación de Zaragoza es de infraestructura, mas no del proceso de atención porque el ICBF ejerce supervisión constante sobre el mismo.

Aseguró que no es cierto que sólo exista un profesional en su interior, ya que allí opera un equipo interdisciplinario compuesto por un psicólogo, un trabajador social y un reeducador con conocimientos muy especializados para poder establecer contacto permanente y directo con los menores y lograr un desarrollo integral en ellos.
Además, dijo que los que operan directamente el centro son los Terciarios Capuchinos, sacerdotes expertos en el manejo de procesos de resocialización.

Sin embargo reconoció que ‘los muchachos’ que se encuentran en Zaragoza no son fáciles de manejar. Son personas con antecedentes de abandono en el hogar, maltrato, exclusión social, consumo de estupefacientes e incluso muchos fueron inducidos por sus propios padres al delito. También dijo que los internos generalmente vienen del Redentor, castigados por desobediencia y mal comportamiento, es decir, que Zaragoza es una especie de castigo para los menores infractores.

“… Allí van muchachos que estando en El Redentor generan muchas dificultades y problemas. Se trasladan por una etapa muy corta a Zaragoza para que empiecen a evaluar lo que tenían al otro lado y que aquí no lo tienen, porque en Redentor hay talleres, espacios de trabajo con terapistas, etc… y cuando son rebeldes y no los aceptan, se mandan a Zaragoza… La idea es que no se vean en La Modelo más adelante, sino en un proceso productivo…”.

En cuanto a la denuncia de mezclar menores con mayores de edad en una misma celda, aseguró que muchas veces el menor es judicializado y condenado cuando tiene 17 años y algunos meses, lo que significa que la mayoría de edad la cumple dentro del centro y debe culminar su pena allí. “Hay algunos que van incluso hasta los 22 años y uno no los puede sacar, porque cuando fueron judicializados eran menores de edad”, sin embargo no explicó por qué no los clasifican en celdas diferentes.

Finalmente, la funcionaria dijo que se está trabajando para crear otros dos centros en el departamento (Cajicá y Girardot), e hizo un llamado de atención a las demás entidades involucradas que hacen parte de este programa: “Esto no es solo del Bienestar, no toda la culpa es nuestra, es una corresponsabilidad con Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Personería, el municipio y la gobernación…”.

*Nombre cambiado por seguridad