Disturbios en La Mesa obligan a decretar ley seca y toque de queda
Tras los enfrentamientos entre la comunidad y la Policía, las autoridades ordenaron restricciones y al mismo tiempo convocaron una mesa de diálogo.
Los cambios en la normativa de movilidad en La Mesa, Cundinamarca, ocasionaron protestas que derivaron en bloqueos y enfrentamientos con la Policía, lo que interrumpió el tránsito en el corredor que conecta con Bogotá y municipios vecinos.
La inconformidad se originó por dos disposiciones locales: la implementación de zonas de estacionamiento regulado y la modificación de sentidos viales. Lo que empezó como una manifestación pacífica terminó en disturbios que afectaron tanto la movilidad regional como la seguridad en el casco urbano.
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Ante la situación de orden público, la alcaldesa Laura Marcela Londoño expidió el Decreto 085 de 2025, que contempla restricciones de orden público vigentes hasta el domingo 21 de septiembre. Entre las medidas se encuentran el toque de queda para menores de edad entre las 11:00 p. m. y las 5:00 a. m., la prohibición de venta y consumo de licor, la restricción de parrillero en motocicleta y el cumplimiento de la jornada laboral en entidades públicas a puerta cerrada.
El documento establece excepciones para garantizar el funcionamiento de actividades esenciales como la salud, la atención de emergencias, el transporte de carga prioritaria, la operación de servicios públicos, la labor de la fuerza pública, el trabajo de medios de comunicación, los vuelos programados y las urgencias veterinarias.
En declaraciones a Caracol Radio, la mandataria reconoció que los cambios en sentidos viales lograron reducir el tránsito en el casco urbano, pero admitió que el contrato de estacionamiento regulado es el punto más crítico. El convenio fue firmado en 2022 por la administración anterior con una vigencia de once años y establece que el 80 % de los ingresos corresponde al operador privado y el 20 % al municipio, lo que ha generado fuertes críticas por las tarifas que deben pagar los ciudadanos.
“Estas actuaciones no fueron generadas por mi administración, pero debemos asumir las consecuencias. Quienes firmaron ese contrato están en sus casas tranquilos”, señaló Londoño, al tiempo que confirmó que el acuerdo será revisado para identificar posibles incumplimientos y afectaciones a la movilidad.
La Alcaldía convocó además a una reunión con comerciantes para el 19 de septiembre con el fin de escuchar propuestas y concertar salidas a la crisis. “Vamos a proponer estrategias comerciales y a escuchar las inconformidades para concertar soluciones articuladas”, dijo la mandataria.
La Policía reforzó la presencia en el municipio con unidades de control de disturbios, que intervinieron en los momentos de mayor tensión para despejar las vías y restablecer la movilidad.
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Las restricciones estarán vigentes hasta el 21 de septiembre, cuando se evaluará la situación para decidir si se levantan o se mantienen. Mientras tanto, la administración insiste en que las medidas son transitorias y buscan garantizar la seguridad de la población mientras avanzan los diálogos con la comunidad.
Foto: Cortesía
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