Caso Nule vincula 37 empresas en investigación

Posted on 19 de febrero de 2014 by Periodismo Público

Lo que se cataloga como una telaraña de compañías que fueron participes de las irregularidades en el régimen sobre protección de la competencia en la adjudicación de contratos por parte del IDU.

Todo se remonta a la investigación que abrió la Superintendencia de Industria y Comercio a finales de 2012 donde dio apertura a un proceso en contra de varias firmas conformadas por grupos familiares.

Desde 2010 que estalló el escándalo del llamado carrusel de la contratación en Bogotá, surgieron varios interrogantes sobre un presunto cartel que se estaría quedando con la mayoría de los contratos adjudicados por el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU.

Más allá de las irregularidades en el proyecto de la Fase III de Transmilenio por la Calle 26, también se cuestionó el manejo de otras dos iniciativas tales como los seis distritos de conservación vial de la ciudad de Bogotá y la Fase I de las obras de valorización que contemplaba el Acuerdo 180 de 2005.

Este acuerdo avalado por el Concejo de la ciudad es sencillamente las obras de los sistemas de movilidad y espacio público en la capital del país que también cayó en las manos de estos empresarios.

Y todo por cuenta de las primeras firmas creadas por Héctor Julio Gómez González y su esposa Jannett Arévalo que al mismo tiempo hizo participes a familiares en otra serie de sociedades e incluso fundaciones que pujaron para quedarse con los proyectos en mención.

Varias de estas compañías empezaron a tener más objetos sociales para su funcionamiento a parte del tema de ingeniería e infraestructura como lo era una gran influencia en el sector industrial.

Todo este tema llevó a que la superintendencia evaluará la situación en un cruce de información con otras autoridades del Estado sobre el tema de régimen de competencia.

Este ente supervisor expidió un nuevo radicado conocido por Dinero.com del pasado 22 de enero de 2014, en el cual se totaliza un total de 37 empresas donde también se incluyen personas naturales y jurídicas además de fundaciones que están detrás de las irregularidades en la contratación de Bogotá.

El Grupo Nule, Emilio Tapia entre otros, hacen parte de una extensa lista de los responsables de un monopolio contratista que se encargó de quedarse con gran parte de los proyectos entregados por el IDU, instituto que también tendría responsabilidad en el tema.

Bajó el número 11-001329 se sintetiza que es posible deducir que las empresas Constructora Arkgo Ltda, Constructora Inca, S.A.S., Costco Ingeniería Ltda, así como las fundaciones Funakrgo y Funalcer pertenecían al momento de los hechos.

Esto quiere decir que hacían parte de la misma unidad de control y propósito y que tenían entre ellas un flujo de información acerca del funcionamiento de estas y que al mismo tiempo tenían un mismo objetivo y un interés económico, el cual en el presente caso se materializaba en la obtención de la adjudicación de procesos de selección celebrados por el IDU.

Adicionalmente se puede deducir que dichas empresas y fundaciones con el fin de alcanzar su objetivo económico se presentaban como proponentes aparentemente independientes lo cual presuntamente podría ser una estrategia para acondicionar las ofertas presentadas dentro del proceso de selección.

Así como los resultados de la misma buscando aumentar las probabilidades de que alguna de las empresas o fundaciones pertenecientes al mismo grupo familiar saliera favorecida, en detrimento de la competencia que debe presentarse dentro de un proceso de selección objetiva así como en detrimento de las probabilidades de ganar de los demás proponentes participes de dicho proceso de selección.

Varias empresas y personas naturales habrían llevado a cabo acuerdos restrictivos de la competencia en los procesos de selección en los contratos del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU.

La investigación en contra de las empresas que se da por presuntas infracciones al régimen sobre protección de la competencia espera tener un resultado en los próximos meses ya que teniendo los indicios y la totalidad de las sociedades identificadas se podrá avanzar más rápidamente en el tema.

Según la decisión de la superintendencia, se les investiga por presuntamente haber realizado un acuerdo colusorio encaminado a obtener la adjudicación de los contratos en varios procesos de selección celebrados por el IDU.

Cabe anotar que de este tema se le comunicó a la Procuraduría General, a la Fiscalía General y a la Contraloría General de la República.

Vale la pena señalar que los recursos que se perdieron en el carrusel de la contratación pueden ser mayores a los que se han venido estimando de los cuales poco o nada se ha podido recuperar.

A continuación algunas de las empresas con sus representantes legales y personas naturales que están bajo la investigación de la entidad de vigilancia.