En localidad Sumapaz detienen a campesinos y los presentan como guerrilleros

Posted on 23 de enero de 2015 by Periodismo Público

Líderes comuntarios de la localidad verde han sido detenidos por las autoridades, testigos a sueldo sustentan informes de inteligencia para acusarlos de guerrilleros. Se cree que esto acontece debido a que las personas detenidas han denunciado violaciones contra los Derechos Humanos, expertos plantean que este es un nuevo caso de «Falsos Positivos».

Según el medio de comunicación alternativo semanariovoz.com, Sumapaz es víctima de las constantes persecuciones oficiales. La militarización desde los años 90 es descomunal, es considerada un escenario de guerra. De ahí que la violencia oficial en todas sus formas estigmatice, persiga y judicialice constantemente a sus habitantes y dirigentes agrarios, así se evidenció el pasado mes de diciembre cuando, en la madrugada, fueron detenidos de manera masiva quince campesinos acusados de ser parte de una red de abastecimiento de las FARC. Entre los detenidos se encuentra un edil de la localidad, militante del Polo Democrático Alternativo, Alexánder Guzmán.
Los detenidos

Además de Alexánder Guzmán, el CTI detuvo a John Clavijo Amaya e Ilver Vergara Robayo, de la vereda Chorreras; Domiciano Ardila Táutiva y Ombrey Castro Dimaté, de la vereda Lagunitas; todos son miembros del Sindicato de Trabajadores de Sumapaz (Sintrapaz).

Según el medio, lo acontecido es un montaje judicial contra campesinos y tiene la misma receta de la “Farcpolítica”: un cartel de testigos falsos producto de un batallón de supuestos desmovilizados y un dossier de informes de inteligencia militar que señalan a todos los habitantes de esa localidad de ser guerrilleros.

No obstante el caso de Alexánder Guzmán, llama la atención por ser quien, en sus últimos diez años de servicio a la comunidad desde la Junta Administradora Local, ha venido señalando innumerables denuncias de violaciones de los derechos humanos por parte de miembros de la Fuerza Pública de los batallones y las brigadas móviles que hacen presencia allí.

“Es una especie de represalia del Ejército contra Alexánder Guzmán, por señalar con nombres y apellidos a quienes por toda la localidad cometen abusos contra los campesinos. Todos acá conocemos el actuar de los militares”, le dijo una campesina a semanariovoz.

Para el defensor de derechos humanos Diego Martínez, miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) y quien se encuentra al frente de la defensa de estos campesinos, lo ocurrido es una detención masiva ilegal. “Volvimos al periodo del presidente Álvaro Uribe, donde se capturaba a campesinos, trabajadores agrarios y líderes sociales de las zonas de conflicto para acusarlos de ser guerrilleros. Falsos positivos judiciales”, aseguró Martínez.

Cinco de los quince campesinos detenidos ilegalmente fueron cobijados con medida de aseguramiento intramuros en la cárcel La Modelo en Bogotá. En la audiencia de legalización de captura, acusación y medida de aseguramiento, la Fiscalía General de la Nación expuso testimonios de supuestos desmovilizados de la guerrilla de las FARC que sustentaron los informes de inteligencia de las brigadas militares de la zona donde señalan a Guzmán y a los demás dirigentes agrarios detenidos como miembros de la insurgencia.

Lo que se evidencia es que se asiste a una nueva versión del “cartel de los desmovilizados”, que a cambio de beneficios judiciales y económicos conjuran un contubernio con mandos militares para atizar una guerra sucia contra campesinos del Sumapaz por haber estos denunciado violaciones de derechos humanos y defender su territorio.

“Los pobladores de la región del Sumapaz han tenido que sufrir por décadas las causas y las consecuencias del conflicto armado interno, han sido víctimas de estigmatización y de montajes judiciales, en especial durante los dos últimos gobiernos. Este montaje judicial se enmarca en el desarrollo de una política de estigmatización generada por miembros de las Fuerzas Militares y de la Fiscalía en contra de organizaciones sociales y campesinas, en especial de nuestra organización”, indicaron voceros de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro).
Los señalamientos

No es la primera vez que los campesinos del Sumapaz son víctimas de montajes oficiales; desde hace cinco años están en el proceso de declaratoria de su territorio como zona de reserva campesina y han aumentado los hostigamientos. Así lo asegura Filiberto Baquero, de Sintrapaz, para quien la reserva campesina “resulta ser una herramienta para organizar el territorio y determinar con autonomía los proyectos de desarrollo, pero también es una herramienta para detener los megaproyectos de explotación minera que utilicen las importantes fuentes hídricas del territorio”, indica.

Esa negativa tiene nombre propio: Ministerio de Defensa. Y al igual que en otras partes del país donde se adelanta el proceso de declaratoria de reserva campesina, las detenciones masivas y las judicializaciones no se han hecho esperar sobre quienes impulsan estas iniciativas.

En un Consejo de Paz extraordinario convocado por los habitantes y las organizaciones campesinas del Sumapaz, señalaron que no es la primera vez que suceden tales hechos y que la única responsable por las detenciones ilegales es la Fuerza Pública: “Los campesinos han sido víctimas de los empadronamientos, de los vetos, bloqueos económicos y actos de sabotaje por parte del Ejército o agentes externos al territorio. Hasta los caminos tradicionales han sido cerrados para evitar nuestro paso”, indicaron campesinos en el Consejo.

Desde allí se le hizo un llamado enérgico a la Administración distrital de Gustavo Petro, para no permitir nuevos hechos violentos contra los campesinos y le pidieron a la Administración ser garante de las acciones judiciales emprendidas por la defensa de los detenidos e impulsar las acciones de movilización que se organizan por su libertad.

Para Sintrapaz y las organizaciones sociales que desarrollan su trabajo en la localidad 20, la Alcaldía debe contribuir, como primera autoridad de la ciudad, en exigir que se detengan las acciones militares, bombardeos, empadronamientos y señalamientos judiciales contra los dirigentes agrarios. Se espera una reunión de Sintrapaz con el Ministerio del Interior.

Fuente: semanariovoz.com