¿Hasta cuándo?

Posted on 6 de febrero de 2018 by Periodismo Público

Han pasado cerca de 17 años desde que se inició la invasión del espacio público en el municipio de Suacha y otros tantos para que la administración pública al fin dispusiera de voluntad política y de un mecanismo jurídico, fiscal, social y legal que sin dilaciones, de inicio a la restitución del espacio público para el disfrute de los ciudadanos.

La política del avestruz practicada de manera reiterada por los pasados gobiernos que dirigieron al municipio y la carencia de este instrumento, dieron lugar a que durante todo este tiempo se intensificara de manera grave su ocupación por parte del comercio informal en diferentes lugares de la ciudad.

Con la sanción del decreto (¿?) el gobierno del alcalde Eleazar González debe y tiene la responsabilidad de proceder de inmediato, y dentro de los términos de la ley, incluidas las sentencias de la corte constitucional al respecto-, para proceder a su restitución, so pena de incurrir en omisión de sus funciones y deberes constitucionales que podrían dar lugar a la apertura de investigaciones, procesos disciplinarios y hasta penales en contra de los funcionarios sobre los que recae la responsabilidad de su recuperación.

La carencia de oportunidades de empleo de población desplazada por el conflicto interno que se radicó en la ciudad, la permanente llegada de migrantes voluntarios en busca de vivienda, estudios y trabajo crearon el ambiente propicio para que durante casi dos décadas el espacio público fuera ocupado sin control de ninguna autoridad para ejercer el comercio informal como única fuente de ingresos frente a la incapacidad del estado desde el orden local, regional y nacional.

Entretanto los comerciantes informales se fueron convirtiendo en una de las clientelas favoritas de inescrupulosos aspirantes a diferentes cargos de elección popular en cada coyuntura electoral, hasta el punto de convertir demagógicamente el tema de la recuperación del espacio público en bandera de sus campañas políticas o programas de gobierno, sabiendo unos e ignorándolo otros, que el municipio carecía de la capacidad institucional así como de los instrumentos jurídicos legales necesarios para enfrentar el problema en el marco del respeto de los derechos de los ciudadanos al disfrute del espacio público y de los comerciantes informales al derecho al trabajo.

Así las cosas, y a la par con esa aberrante situación, hasta la fecha ha venido creciendo e incubándose una grave situación en los laberintos del comercio informal, en los que se violan todas las normas, se soborna a las autoridades, se practica la evasión fiscal, se deterioran las condiciones ambientales de esos sectores, se procesan y se expenden alimentos sin las más mínimas condiciones de salubridad, el aseo de estos espacios es un desastre mientras la seguridad quedó reducida a su más mínima expresión, dando lugar a la aparición de anónimos personajes que apropiándose ilegalmente del espacio público lo han convertido en un verdadero negocio donde se arrienda o se vende el metro cuadrado en altas sumas de dinero, mientras su uso caótico genera toda suerte de situaciones de inseguridad para la ciudadanía.

Más allá de las reiteradas caracterizaciones de las que fue objeto esta población, de algunos intentos por recuperar el espacio público mediante la intervención de la fuerza publica sin prever la reubicación en condiciones mínimas de dignidad, de proceso de capitación y de la adquisición de predios en espacios en diferentes lugares del municipio, de capacitaciones en alternativas de emprendimiento y las adecuaciones de algunos espacios a la fecha, son verdaderos elefantes blancos y en un auténtico detrimento patrimonial como en el caso del espacio de casa linda en San Mateo en el que se invirtieron cerca de 3 mil millones de pesos y cuya obra se entregó hace dos años sin servicios de agua, energía, baterías de baños el espacio ya presenta un alto grado de abandono y deterioro.

Han pasado 17 largos años, siete administraciones, veintiún secretarios de gobierno, otros tantos secretarios de planeación, casi medio centenar de directores de desarrollo económico, casi un centenar de comandantes de policía y cientos de concejales para que el gobierno al fin dispusiera de la voluntad política para dotar a las autoridades administrativas y de policía de las herramientas que permitan llevar a cabo la restitución del espacio público sin dilación, con autoridad pero sin arbitrariedad y con justicia social.

¿¿¿Hasta cuándo se restituirá el espacio público???
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