La historia sin fin de Maranatha II en Soacha
Maranatha II nació en 1995 como un conjunto de propiedad horizontal en el que se planearon construir 540 apartamentos, pero el proyecto fue suspendido y sólo se alcanzaron a edificar tres de las 15 torres que luego fueron entregadas a sus compradores. Más adelante el lote se vendió ilegalmente y comenzó una pesadilla para los propietarios.
Como no se construyeron las 15 torres proyectadas, quedó un amplio lote de terreno baldío y desde ese momento ha presentado problemas inmobiliarios, entre ellos la venta ilegal del terreno en 2013 por parte del entonces abogado de la Junta de Acción Comunal y algunos de sus representantes, a Juan Adelmo Montenegro.
Posteriormente, asegura la comunidad, que quien hizo la compra del espacio lo ha usado de manera irregular y empezó a vender lotes y realizar modificaciones importantes sin ninguna clase de permiso, y mucho menos sin practicar una previa consulta a los propietarios, afectando potencialmente la integridad de los residentes.
Comenzó entonces un litigio, motivo por el cual la comunidad puso el problema en conocimiento de las autoridades y de Asonavi (Asociación Nazarena de Vivienda), dueña inicial del predio.
Se agudizaron las objeciones y disputas entre las partes y por lo tanto todos los propietarios aparentemente pasaron a ser ilegales, por este motivo se recurrió a contratar al abogado Carlos Farigua para que hiciera la pertenencia de los inmuebles, pero el profesional no tenía las mejores intenciones de colaborar, pues él nunca sacó los papeles de forma legal como se requería, sino que lo hizo de forma en que estructuró los bienes por paredes, mientras que el suelo de los predios nunca se escrituró.
Farigua llevó a Montenegro, quien ofreció 10 millones a cada apartamento para continuar el proyecto y hacer la debida pertenencia para darle legalidad al mismo; el vecindario no propició ninguna objeción puesto que quería darle solución a lo que hasta el momento se estaba convirtiendo en un calvario para las familias que solicitaban vivir dignamente de una vez por todas; pero las cosas no salieron como se planearon, pues Montenegro no resultó ser quien decía ser, por lo tanto siguió usando la misma estrategia que elaboró el abogado. La situación se transfiguraba en un conflicto social para la administración, puesto que el último personaje que intervino fomentó una invasión.
En vista de la falta de pertenencia de la zona y el descuido de las autoridades, el lote se vio irrumpido por construcciones simultáneas de casas durante tres años, que supuestamente eran de interés social, pero en realidad no respondía a ello porque las edificaciones cada vez eran más altas, reflejándose en viviendas de hasta cuatro pisos, que le dan un valor adquisitivo elevado.
Los propietarios de las nuevas casas edificadas en lo que eran lotes alegan que son desplazados y que sus viviendas son de interés social, incluso algunos beneficiados por esta iniciativa dicen que no tienen ni para un ladrillo, pero la realidad es que algunas de estas viviendas se avalúan en más de 200 millones de pesos.
Aunque la Inspección de Policía intervino, nunca desalojó a los invasores, incluso cuentan los afectados que las diligencias en ese sector siempre se cancelaban; luego la Dirección de Apoyo a la Justicia también tuvo que ver con ello, pero las cosas siguieron igual.
El llamado ahora es para la administración municipal y la curaduría, ya que si se aprobaron unos planos de construcción fue para que se cumpliera el desarrollo del proyecto, no obstante el terreno fue invadido, loteado y ahora todos los inconvenientes son para la comunidad.
Según líderes del conjunto, hace dos semanas la Secretaría de Planeación respondió que las casas están en vía de legalización y que se requiere desenglobar el terreno, demostrar que el barrio está planeado, con toda su legalidad, sus zonas verdes, comunes, colegios y junta de acción comunal, pero lo que testifican los habitantes y se observa en el lugar, es que la construcción de estas casas va hasta la vía, lo cual por justas razones irrumpe el paso.
Lo que requieren urgentemente las familias que hace 24 años compraron los apartamentos es que las autoridades atiendan las quejas, que no hagan caso omiso a la ilegalidad y se castigue a los culpables de estas irregularidades, por eso la comunidad de Maranatha II hace un llamado para que se vigile con lupa las licencias de construcción y no se patrocine las urbanizaciones ilegales.
Por: Yineth Camila Castillo Guerrero
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