Cargos a exalcalde y 12 exconcejales de Cajicá

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al exalcalde de Cajicá, Cundinamarca, Oscar Mauricio Bejarano Navarrete (2012 – 2015), por presuntas irregularidades en la modificación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial -PBOT- y la expedición de licencias de urbanismo y construcción.

La medida también afectó a los exsecretarios de Planeación del municipio, Germán Camilo Bello Zapata y Leonardo Higuera Espinosa, y a la exdirectora de Urbanismo y Espacio Público, Zulma Marcela Santos Santos, así como a los exconcejales Juan Ricardo Quintero Salgado, Benito Triana Otálora y Julio Esteban Vanegas Pirabán.

Otros exconcejales cobijados por el pliego de cargos son Héctor Javier Galindo Cubillos, Álvaro Andrés Pinzón Cadena, Flor María Ruiz Rincón, Benjamín Forero Cuervo, Carlos Javier López Acuña, Juan Carlos Carreño Orjuela, Marco Aurelio Bohórquez Quevedo, Saúl Orlando León Cagua y Nelson Bello Moreno.

De acuerdo con la investigación, los exfuncionarios habrían incumplido disposiciones de carácter ambiental y de ordenamiento territorial, así como de protección del suelo rural y de bienes de patrimonio cultural del municipio en la expedición del PBOT.

A juicio del órgano de control, los disciplinados habrían excluido del PBOT el bien Casa de la entrada de ‘El Banco’, de patrimonio cultural de la Nación, objeto de conservación dado su valor arquitectónico, sin que se hubiera indicado con precisión la necesidad, conveniencia y propósito de esa decisión.

También habrían modificado, presuntamente, la clasificación y uso de 96 hectáreas que en el anterior PBOT hacían parte de la Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del río Bogotá, para destinarlas a vivienda campestre, decisión que es competencia exclusiva del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Igualmente habrían modificado la clasificación de tierras de protección rural para dejarlas como tierras de expansión y utilización suburbana, con lo que desconocieron, aparentemente, las restricciones legales que prohíben que sean urbanizadas.

Por estos hechos la Procuraduría calificó la presunta conducta de los disciplinados como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.

Fuente: Radio santa fe

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