Aprueban creación de agentes encubiertos anticorrupción
La figura de agentes encubiertos para operaciones contra la corrupción, fue aprobada ayer por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, durante el tercer debate del proyecto de estatuto anticorrupción.
El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, explicó que “se trata de fortalecer la capacidad de que agentes del Estado encubiertos en desarrollo de una misión para desmantelar, develar organizaciones criminales o hechos de corrupción”.
Así mismo, indicó que estos agentes no van a estar sometidos a ninguna responsabilidad penal, porque cuando actúan es en cumplimiento de su deber, ya que en el desarrollo de sus funciones se ven obligados a pasar por delincuentes.
El artículo aprobado establece que «cuando en investigaciones de corrupción, el agente encubierto, en desarrollo de la operación, cometa delitos contra la administración pública en coparticipación con la persona investigada, el agente encubierto quedará exonerado de responsabilidad, salvo que exista un verdadero acuerdo criminal ajeno a la operación encubierta, mientras que el imputado responderá por el delito correspondiente», aclara el proyecto.
La votación del proyecto de ley del Estatuto Anticorrupción continuará el próximo martes en la Comisión Primera, de donde deberá pasar después a la Plenaria de la Cámara en su último debate.
De otro lado, ayer el procurador Alejandro Ordóñez le pidió a esa célula legislativa incluir dentro del estatuto, la ampliación de los términos de prescripción para investigar actos de corrupción.
Según el jefe del Ministerio Público, ese plazo debe pasar de cinco a ocho años para poder atacar los actos de corrupción que se cometen contra el Estado. «No siempre la autoridad conoce los hechos disciplinables cuando suceden; normalmente no es así (…) cuando se conocen después de dos años yo les confieso que es imposible lograr tomar decisiones dentro del término de prescripción», señaló el jefe del órgano de control.
Ordóñez Maldonado señaló que ampliar los términos es ampliar la capacidad del Estado para combatir actos de corrupción. «Sería una contribución muy importante para combatir la impunidad», afirmó.
Asimismo, el Procurador General pidió aprobar en la iniciativa la facultad de revocar actos de archivos. El funcionario indicó que esa capacidad estaría limitada por las mismas causales del Código Contencioso Administrativo.
La semana pasada se vivió un rifirrafe entre el procurador Alejandro Ordóñez y la fiscal Vivian Morales, por cuenta de la recolección de la prueba sin afectarla o comprometer su filtración.
La Fiscal General le había pedido a la Comisión Primera eliminar el artículo de la iniciativa que obliga al ente acusador entregar pruebas a la Procuraduría para que adelante los respectivos procesos disciplinarios por actos de corrupción.
Morales argumentó que si se aprueba dicho artículo, la prueba podría ser filtrada y afectar su veracidad. Sin embargo, el procurador manifestó que al Ministerio Público no se le puede negar la entrega de la evidencia.
Fuente: nuevo siglo.com
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