A juicio disciplinario dos exfuncionarios de la Alcaldía de Soacha por irregularidades en el PAE

La Procuraduría
General de la Nación citó a juicio disciplinario a los exsecretarios de
Educación y Cultura de la alcaldía de Soacha, Cundinamarca, Hernán Castellanos Ramírez (diciembre 2016 – octubre 2018) y Manuel
Ernesto Ochoa Sanabria (octubre de 2018 – enero 2019), por
presuntas irregularidades en la fase precontractual de dos licitaciones del
Programa de Alimentación Escolar -PAE-.   

 La Procuraduría Provincial de Fusagasugá
imputó dos cargos a Ochoa Sanabria. El primero está relacionado con una
presunta exigencia que se habría hecho a los proponentes en los pliegos de
condiciones, en la que se pedía que mínimo tres de los cinco proponentes
residieran en Soacha, acción con la que al parecer pudo vulnerar el principio
de transparencia, pues ese requisito no era necesario para la ejecución del
objeto del contrato.

La Licitación 01 de 2019 fue convocada para la “prestación
del servicio de alimentación escolar que brinde el complemento alimentario y
almuerzo durante la jornada escolar a los estudiantes escolarizados de las
instituciones educativas oficiales, según las edades de los beneficiarios del
Programa PAE”, por valor de
$6.666’927.316 pesos.

En el segundo cargo, el ente de control le reprochó el que
presuntamente, en etapa precontractual, adjudicara
el proceso a la Fundación Vive Colombia, cuando al parecer, esta no habría
acreditado el requisito de selección relacionado con el Sistema de Información
Web, necesario para identificar a los beneficiarios del Programa de
Alimentación Escolar.  

Para el Ministerio Público, el investigado habría omitido
los principios de economía, responsabilidad y selección objetiva que rigen la
contratación estatal. 

Las presuntas faltas fueron calificadas provisionalmente
como gravísimas a título de culpa gravísima.

A Hernán Castellanos
Ramírez, la Procuraduría le cuestionó el que presuntamente no realizara una
correcta verificación de los soportes de experiencia entregados por Proalimentos Liber S.A.S., y que al
parecer tampoco se le permitiera al proponente, entregar los soportes que
subsanaran las condiciones exigidas para participar en el proceso.

La Licitación Pública No. 01 de 2018 tenía por objeto la
“prestación del servicio de alimentación escolar que brinde el complemento
alimentario y almuerzo durante la jornada escolar a los estudiantes
escolarizados de las instituciones educativas oficiales, según las edades de
los beneficiarios del Programa PAE” por
valor de $ 3.358’997.650.

Para el órgano de control, Castellanos Ramírez habría desconocido los principios de
transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva que regulan la
contratación estatal. La presunta falta fue calificada provisionalmente como
gravísima a título de culpa gravísima

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