Contraloría de Cundinamarca identificó obras inconclusas en el departamento

Posted on 22 de diciembre de 202022 de diciembre de 2020 by Periodismo Público

De acuerdo con los reportes presentados por las administraciones locales y una vez realizada la depuración de la información, la Contraloría de Cundinamarca determinó que actualmente en el departamento se encuentran 71 obras inconclusas, por un valor de 97.129 millones de pesos, las cuales se localizan en 39 municipios; así lo dio a conocer el ente de control, durante el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas Vigencia 2020, realizado el pasado 14 de diciembre.

Durante la sesión se explicó que por sectores, los de mayores obras inconclusas son: agua potable y saneamiento básico, con 17 obras que suman $42.956 millones de pesos; educación, con 15 obras por un monto de $15.573 millones de pesos, y deportes y recreación, con 7 obras por $9.146 millones de pesos.

Al analizar por provincia, se determinó que las de Sabana Occidente, Bajo Magdalena, Tequendama y Sumapaz presentan las más altas cifras, $40.464 millones de pesos, $14.110 millones de pesos, $9.554 millones de pesos, y $7.110 millones de pesos, respectivamente. En el mismo informe se destaca como causas de estas obras inacabadas la falta de recursos, el incumplimiento del contratista, las obras son ejecutadas por etapas y las deficiencias en estudios y diseños de los proyectos.

Este informe, expresa el contralor de Cundinamarca, Edgard Sierra Cardozo, es el resultado de la continuación de una labor asumida por la Entidad que requirió a las administraciones locales informes sobre el estado de las obras en sus territorios para así, generar una base de datos que permita un seguimiento efectivo a esta contratación, anticipándose a lo que hoy establece Ley 2020 del 17 de julio del 2020, por medio de la cual se crea el registro nacional de obras civiles inconclusas de las entidades estatales.

Frente a esta situación, el contralor Sierra Cardozo reiteró su llamado a las administraciones locales para que tomen las medidas necesarias que permitan la culminación y puesta al servicio de la comunidad y requirió a los alcaldes y jefes de planeación a proyectar sus obras de infraestructura, de tal forma que las mismas no queden truncadas y se conviertan en elefantes blancos, que afectan los recursos públicos de las entidades locales y en especial el bienestar de la comunidad.