Con el evidente desconocimiento de la normatividad que regula el cobro del impuesto predial y de la ley 44 de 1990 en su articulo 4° y de la ley 136, el Concejo municipal aprobó el acuerdo 02 de 2011 que pretende generar beneficios tributarios a los contribuyentes morosos, pero con una aditiva que quiso disminuir los milajes con lo que los contribuyentes podrían pagar mucho menos de lo que hasta el día de hoy han venido pagando y que se estipula entre el 1 y el 16 por mil como base para calcular el impuesto predial unificado sobre el valor del avalúo catastral.


Pero para sorpresa de muchos, este acuerdo tiene tantos vicios de forma como de fondo, y para colmo de males deja en el limbo jurídico este recudo que bien resulta importante como ingresos propios para el gasto fiscal, no solo de la vigencia actual, sino de todas las vigencias fiscales en el futuro del municipio.

Vicios de forma como el incumplimiento a la ley 136 Art. 72 en tanto el artículo tercero del acuerdo 02 no cuenta con un soporte jurídico y técnico denominado por la ley como exposición de motivos sin contemplar el análisis y el espíritu del recaudo, o como el artículo 4 de la ley 44 que establece que el impuesto predial unificado debe tener en cuenta los estratos socioeconómicos y el concepto de uso del suelo, ya que no todos los predios tienen la misma actividad o destinación y la antigüedad de la actualización catastral.

Nada de esto fue considerado por los Concejales en el debate de tan importante asunto para el municipio, toda vez que es muy grave la condición económica y fiscal de la ciudad, por tanto las necesidades son muy grandes y los contribuyentes propietarios o poseedores de inmuebles destinados a vivienda urbana o rural requieren de un alivio tributario, pero la pregunta que nos hacemos todos es: ¿Será que los Concejales con esta forma de proceder también querían beneficiar a los grandes industriales, comerciantes, entidades del sector bancario y propietarios de predios donde funcionan los establecimientos educativos privados?

De sancionarse esta norma como fue expedida por el Concejo municipal, no solo estaría viciada sino que podría abrir la puerta a los propietarios de grandes industrias y establecimientos comerciales, así como a la misma Indumil, a pagar tributos en las mismas condiciones que lo hace un propietario de una pequeña vivienda en la ciudad, cosa que de por si genera una grandiosa inequidad y afectaría gravemente las finanzas publicas durante muchos años en un momento donde Soacha atraviesa por una serie de necesidades que requieren de obras de gran envergadura y no es posible que esta condición de “rebaja” se le pueda dar a todos por igual.

Lo que genera una gran preocupación, es la forma en la cual los concejales están dando curso a los debates, pues evidentemente no se realizó un análisis de los ingresos producto de este tributo, de su destinación y control del gasto público, de las rentas de los grandes comerciantes e industriales de Soacha y de la misma forma de la afectación que sobreviene al primer municipio del departamento, después de aprobar una norma tan delicada y regulada como la del impuesto predial unificado.

Debo hacer la salvedad que dos Concejales no dieron su voto a favor de esta propuesta. Marco Fidel Torres y Alonso Rodríguez Chía, quienes cuestionaron el proyecto y no lo votaron positivamente. Sin embargo nos queda el cuestionamiento sobre qué habrá sido lo que pasó por las manos de los proponentes del “articulito” Arthur Bernal Amorocho y César Rico?.

Lo cierto es que estas faltas de juicio y disciplina a la hora de estudiar un proyecto de acuerdo en esta etapa preelectoral son observadas por la ciudad con sumo cuidado.

Es importante que la Secretaría de Hacienda se pronuncie al respecto y se construya en común con el Concejo un proyecto de acuerdo que genere alivios a los ciudadanos que requieren un esfuerzo fiscal para mejorar sus condiciones socioeconómicas, pero no es justo que esta clase de proyectos beneficien a todos por igual.

Recordemos que el año anterior, en el proyecto de presupuesto presentado por la administración del Dr. José Ernesto Martínez, se dio una luz a los predios que se les pudiera verse incrementado su avalúo catastral y se estableció que no podía ser incrementado en más de un 40% el nuevo gravamen para el año 2011, sobre lo que habían pagado en el año 2010.

La tarea ahora es revisar y estudiar con juicio un nuevo proyecto de acuerdo antes de que los gordos contribuyentes le hagan “Conejo” a Soacha.

David Alejandro Ramírez

alejitoramirez@hotmail.com