Contrario a lo publicado por algunos medios de comunicación nacional, el alcalde de Soacha Juan Carlos Nemocón no ha sido citado a interrogatorio por una posible omisión frente a la explotación minera ilegal en el municipio. El mandatario rechazó la ligereza en el manejo de la información y pidió explicaciones por el suceso.


El escándalo se generó luego de un operativo que la Fiscalía y la CAR realizaron el pasado viernes en la mina Invercot, ubicada en el municipio de Soacha, cuyos detalles se publicaron en un comunicado emitido por el mismo organismo investigador y en donde se menciona que durante la diligencia se capturó a José Gabriel Carvajal, Carlos Alfredo Burgos Cáceres, Eliseo Roa, Hipólito Ochoa Rincón, Víctor Julio Ramírez Clavijo y Luis Antonio Liberato Neira, quienes fueron sorprendidos al momento del registro, manipulando y operando maquinaria para la explotación de material de arrastre, encontrándose en situación de flagrancia.

Al final del comunicado, el Director Nacional del CTI, Danny Julián Quintana, indicó que la Alcaldía de Soacha conocía los hechos y no hizo ningún esfuerzo por controlar esta situación administrativa y aseguró que uno de los efectos de la investigación es llamar a los funcionarios responsables de la Alcaldía y a la Corporación Autónoma Regional para que expliquen ante la Fiscalía por qué no se produjo ningún control si las licencias se encontraban suspendidas.

El hecho generó revuelo en los medios de comunicación nacional y algunos, actuando con ligereza e irresponsabilidad, alcanzaron a publicar que el alcalde también había sido capturado. La noticia cogió por sorpresa al mismo mandatario porque el operativo realizado el viernes 27 era de conocimiento pleno de la Alcaldía y pese a las palabras del Director Nacional del CTI, Danny Julián Quintana, en el comunicado de prensa, el alcalde no ha sido notificado ni llamado a interrogatorio.

La directora de Gestión Bioambiental de la Alcaldía de Soacha, Esperanza Montoya, es la persona que tiene pleno conocimiento de la situación y explicó que el operativo se desarrolló en uno de los tres frentes de trabajo con que cuenta la mina Invercot.

“Hay que dejar claridad que Invercot posee tres títulos mineros y uno de ellos no tenía su licencia ambiental al día, por eso se hizo el operativo para la suspensión de actividades, inmovilización de maquinaria, e incluso detuvieron a varias personas por minería ilegal”, sostuvo.

La funcionaria rechazó la irresponsabilidad de algunos medios de comunicación nacional y dijo que “no entendemos por qué ciertos noticieros están informando que el acalde está detenido, que es cómplice de la minería ilegal, cuando nosotros como alcaldía ni siquiera tenemos notificación alguna por parte de la Fiscalía General de la Nación sobre el tema”.

Así mismo, la Directora hizo claridad de las actuaciones que ha hecho la alcaldía frente al control de la minería y dijo que existe un balance actualizado donde se evidencia un total de 72 unidades de explotación minera en el municipio, de las cuales 26 se encuentran activas y las otras llevan bastante tiempo sin actividad o por lo menos durante las visitas realizadas no registran ningún trabajo reciente.

“De las 26 activas, de acuerdo a un cotejo de información que se hizo con la CAR, 19 de ellas cuentan con licencia ambiental vigente a la fecha, restando 7 unidades mineras que se encuentran en estado de ilegalidad. Para estas últimas se tenían previstos operativos con la misma entidad ambiental para comienzos del mes de marzo, pero por falta de funcionarios competentes los tuvimos que cancelar, sin embargo ya están reprogramados para hacer esas suspensiones de actividad”, agregó.

Finalmente, dijo que en el ejercicio de control y seguimiento a la actividad minera, en 2014 se hizo acompañamiento al cierre o suspensión de actividades de tres minas que estaban en ilegalidad en ese momento y adicional a ello la Fiscalía realizó dos cierres más, lo que quiere decir que la administración sí está haciendo el control a la minería y atendiendo los casos donde se deben hacer suspensiones.

“Contamos con el apoyo de entidades que tienen responsabilidad en el tema y conformamos una mesa de seguimiento liderada por la Procuraduría ambiental y agraria, la cual rinde informes a la misma Procuraduría sobre el ejercicio que se adelanta”, finalizó.