Archivan proceso en contra de administración de Petro por tarifas de Transmilenio

Posted on 22 de junio de 2018 by Periodismo Público

El ente de control determinó que la Alcaldía contaba con los recursos para que la medida fuera viable. Además, asegura que esta favoreció a la población con bajos recursos.

La Procuraduría General decidió archivar el proceso que se abrió en 2012 contra cuatro funcionarios de la administración de Gustavo Petro, por haber hecho una reducción a la tarifa del pasaje de Transmilenio, lo que para la Contraloría causó un detrimento para la ciudad.

De acuerdo con el ente de control, en el momento que se hizo la reducción tarifaria, la ciudad tenía los recursos necesarios para hacer viable la medida, por lo que esta no generó afectaciones a las finanzas públicas. Así mismo, señaló que de hecho “la medida del alcalde mayor de Bogotá repercutió en el bien de la comunidad, principalmente frente a la población de menos recursos”.

Finalmente, la Procuraduría tuvo en cuenta que esta decisión estaba incluida dentro del Plan de Desarrollo Económico (2012-2016) presentado por el entonces alcalde y contaba con los estudios que sustentaban la reducción de la tarifa, durante las horas establecidas.

Dentro de los investigados se encontraba Ana Luisa Flechas, quien fue secretaria de Movilidad de Bogotá para la fecha en que se adoptó la medida; Gerardo Ardila, entonces secretario de Planeación; los exgerentes de Transmilenio Fernando Sanclemente y Fernando Rey, y Libardo Martínez, que fue subgerente económico del sistema de transporte.

La investigación contra estos funcionarios comenzó a finales de 2012, luego de que la Contraloría Distrital abrió una investigación contra el exalcalde Gustavo Petro, al considerar que la reducción en la tarifa, que dejaba el pasaje a $1.400 en horas valle y a $1.700 en horas pico (la tarifa bajó $50 en hora pico y $350, en hora valle), configuraba un subsidio ilegal, que no cotaba con el respaldo fiscal que blindara la medida para evitar un detrimento.

Como resultado, en diciembre de 2016, la Contraloría determinó que sí hubo un detrimento y halló responsable al exalcalde a quien impuso una sanción por $217.000 millones, por lo que embargaron sus cuentas.

Fuente: Elespectador.com