Casos archivados por ‘Falsos positivos de Soacha’ volverán a los tribunales
La Procuraduría General determinó que los procesos disciplinarios por violaciones al Derecho Internacional Humanitario, crímenes de lesa humanidad y de guerra que se adelantan contra agentes del Estado no prescribirán.
El Ministerio Público reactivó cerca de expedientes 1.200 expedientes que se encontraban a punto de ser archivados puesto que estaban a punto de cumplir los 12 años que establece la ley para tomar una decisión de fondo.
En el documento firmado por el procurador General, Fernando Carrillo el pasado 26 de enero y revelado por Noticias Caracol se indica que esta decisión evita que los casos finalicen sin que se conozca si existió una responsabilidad o no de los agentes del Estado investigados.
En este sentido se señala que los casos en los que existen graves violaciones a los derechos humanos no pueden ser archivados hasta que no se determine la inocencia o responsabilidad disciplinaria de los investigados.
Fuentes cercanas a la Procuraduría General indicaron que con esta decisión lo que se busca es garantizar un debido proceso a los procesados para que se resuelva definitivamente su situación jurídica, además de evitar una afectación a las víctimas de no conocer la verdad sobre los hechos materia de investigación.
En la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos se adelantan actualmente aproximadamente 1100 procesos, de los cuales casi 700 tienen relación con ejecuciones extrajudiciales. La mayoría de estos casos estaban a punto de prescribir por la superación de los términos.
En el 2018, 221 expedientes de los denominados ‘falsos positivos’ fueron archivados, decisión que dejó grandes insatisfacciones en las víctimas puesto que consideraron que se presentaron demoras injustificadas en las diferentes investigaciones que terminaron beneficiando a los procesados.
En el caso de los conocidos ‘falsos positivos de Soacha’ se adelanta una investigación general contra 80 militares por su presunta participación en la ubicación, reclutamiento y ejecución extrajudicial de estos jóvenes que fueron reportados como guerrilleros abatidos en combate en Ocaña (Norte de Santander).
Las víctimas reclamaban que estos casos estaban “congelados” en el Ministerio Público, situación que a su juicio evidenciaba una revictimización y una impunidad para aquellos agentes del Estado que utilizaron este tipo de ejecuciones para elevar sus resultados a cambio de obtener beneficios y condecoraciones.
Estos casos continuarán su curso y solamente finalizarán cuando la Procuraduría General tome una decisión de fondo. Esto mismo ocurrirá en las investigaciones que se adelantan por otros casos declarados por la justicia colombiana como de lesa humanidad y actividades sistemáticas contra dirigentes políticos, periodistas y defensores de derechos humanos.
Así como las masacres que fueron ejecutadas, principalmente en la década de los noventa, por grupos paramilitares con el apoyo y conocimiento de los militares y agentes de policía.
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