El congresista Edward Rodríguez acusó a la alcaldesa de Bogotá de mentirle a la ciudadanía, mientras que los defensores de Claudia López aseguran que el Congreso no tiene competencia para hacer control político a los alcaldes.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, había sido citada el pasado 12 de mayo a un debate de control político en la Cámara de Representantes para que explicara cómo ha sido el manejo de la epidemia del nuevo coronavirus en la capital de la República. La citación fue hecha por el representante Edward Rodríguez, del Centro Democrático, y quien hace parte de la bancada de Bogotá en esa corporación.

Sin embargo, este miércoles se conoció un documento firmado por William Mendieta Montealegre, secretario jurídico distrital, en el que, en pocas palabras, declina la citación a control político que se le hizo a la mandataria de Bogotá argumentando que, por la naturaleza de las preguntas realizadas en el cuestionario, que “hacen referencia a temas del ámbito local”, la Cámara de Representantes no tiene la competencia para hacer el control político.

“Al respecto debo manifestar que, una vez revisadas las 38 preguntas elaboradas por el citante, a juicio de esta Secretaría, las mismas hacen referencia a temas del ámbito local, cuya competencia de control político corresponde exclusivamente al Concejo de Bogotá tal y como lo ha expresado la Corte Constitucional en reiteradas oportunidades en especial en la sentencia C-518 de 2007”, señala la comunicación.

Según el secretario jurídico de la alcaldesa López, “resulta necesario precisar que, por el objeto y contenido de las preguntas formuladas en el cuestionario de citación, la dirección y coordinación en la prestación de los servicios de salud, seguridad y movilidad, según el Acuerdo Distrital 257 de 2006, son competencia de las respectivas Secretarias Distritales, razón por la cual su control político lo ejerce el Concejo de Bogotá”.

Es decir, para la Alcaldía, la Cámara de Representantes, en esta ocasión, no tendía velas en ese entierro. “Es deber tanto de la Cámara de Representantes, como de la Alcaldía Mayor de Bogotá, velar porque la competencia de adelantar control político por parte del Concejo de Bogotá no se vea invadida por las citaciones que realicen los miembros del Congreso de la República y evitar de este modo se inobserve tanto la autonomía territorial contemplada en la Constitución y la Ley 136 de 1994 con sus posibles consecuencias de índole disciplinario”.