Colombia ‘rajada’ en política ambiental

Posted on 6 de septiembre de 20206 de septiembre de 2020 by Periodismo Público

Un nuevo y duro campanazo sobre la situación ambiental del país dio el viernes la Contraloría General de la República al entregar su informe anual sobre el estado actual de este sector en el país. Tras evaluar la política pública y la gestión de las entidades que administran los recursos naturales, el ente de control fiscal advirtió una importante reducción en materia de inversión, reflejada en un recorte presupuestal del 21% en 2019, con respecto a 2018.

Según el contralor Carlos Felipe Córdoba, en la presentación del Informe del Estado de los Recursos Naturales y el Ambiente (Ierna 2019-2020), “las debilidades y carencias que persisten en la política pública ambiental, no garantizan el gran objetivo nacional de contar con un ambiente sano y hacer un uso sostenible de los recursos naturales, que permita mejorar la calidad de vida actual y futura de los habitantes del territorio colombiano”.

Según este Informe, elaborado por la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, se mantienen debilidades de la institucionalidad ambiental en la administración, control y monitoreo de los recursos naturales y del ambiente.

Entre estas debilidades se mencionan los vacíos en la exigibilidad de permisos de investigación científica, deficiencias técnicas y baja capacidad de las autoridades ambientales para hacer presencia en todo el territorio así como la escasa planificación de las áreas protegidas.

Además, según la Contraloría, “hay incapacidad de las autoridades ambientales en el ejercicio de su potestad sancionatoria y en el seguimiento a las medidas compensatorias de los agentes que intervienen los ecosistemas”.

Desfinanciación

Tras lo anterior la Contraloría señaló que “se ha incrementado la carga de pasivos e impactos ambientales en el país, como se advierte con la contaminación de las cuencas hidrográficas y pérdida de recursos hidrobiológicos; el precario estado de los ecosistemas marinos y manglares; el aumento de la deforestación; y el bajo cumplimiento de la norma ambiental vigente en materia de exploración y explotación de recursos naturales no renovables”.

Para la Contraloría, “la realidad ambiental de nuestro país presenta todas las carencias que aún la política pública no ha logrado corregir”.

Asegura el ente de control fiscal que “al igual que en la vigencia 2018, el presupuesto para el sector Ambiente y Desarrollo Sostenible del 2019 presentó una reducción. En esta oportunidad de $83.017 millones (-12%) frente al año inmediatamente anterior, al pasar de $705.620 a $622.602 millones, lo que para la Contraloría significa que “la inversión se está asignando de manera inversa al crecimiento de la problemática y los retos ambientales que afronta el país”.

El rubro para inversión, que es el que financia los programas y proyectos para la protección del medio ambiente, muestra una fuerte caída del 21% respecto al año 2018, situando este sector como uno de los más desfavorecidos de la agenda pública nacional.

CAR no ejecutan

Otras conclusiones de la evaluación que realizó la Contraloría sobre el gasto público social ambiental de la vigencia 2019, es que “se sigue observando ineficiencia en la gestión de los recursos puestos a disposición de las CAR (corporaciones autónomas regionales) para el cumplimiento de sus objetos misionales, tanto en el rubro de ingresos como de gastos. Los ingresos definitivos de las CAR para la vigencia 2019 ascendieron a $3.719.264 millones, no obstante, solamente se apropiaron $3.552.312 millones (95%)”.

Asegura el informe que “diecinueve CAR apropiaron un menor valor que los ingresos recibidos por una suma de $371.277 millones. Del presupuesto consolidado apropiado por las CAR para inversión en la vigencia 2019 por $2.613.462 millones, se observa una pérdida de apropiación de $690.314 millones (26%) y de los compromisos adquiridos por $1.923.147 millones sólo se ejecutó 57%”.

Esto, según la entidad fiscalizadora, “quiere decir que $818.726 millones (43%) se constituyó como reserva presupuestal, lo que significa que solamente se recibieron un poco más de la mitad de los bienes y servicios contratados para la vigencia”.

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