Veinte niños y niñas que reciben clases de artes marciales en la cancha principal del barrio Juan Pablo Segundo II, junto a sus instructores, piden la disposición del espacio deportivo para poder continuar sus actividades. Sin embargo el uso del mismo está determinado por la Junta de Acción Comunal del segundo sector, que en representación de Blanca Chavarro, asegura que la cancha no es para ese propósito.


Desde el mes de agosto la academia de hapkido, iniciada por Francy González, persona que decidió ayudar a la comunidad a raíz de un accidente, ha instruido a 20 niños de los barrios Juan Pablo Segundo, II y III, siendo la mayoría de beneficiados los del segundo sector, quienes en principio se vieron en la necesidad de entrenar en la calle, pero con el crecimiento y acentuación del grupo se hizo necesario el uso de un espacio deportivo adecuado y con el suficiente espacio para la actividad.

Teniendo en cuenta la necesidad de mejorar los espacios para los entrenamientos de los pequeños, los pioneros de la iniciativa optaron por hacer uso de la cancha del barrio Juan Pablo Segundo II. Pese a la importancia que las clases representaban para los niños, tuvieron que suspender las actividades por las diferencias generadas entre la presidenta de la JAC y la persona a cargo del cuidado de los beneficiados.

“Al ver la necesidad de buscar un lugar mejor para las clases de los niños, tuvimos que usar la cancha del barrio vecino, puesto que queda cerca a los niños y ahí podemos garantizar su seguridad, Sin embargo, la presidenta de la JAC nos aseguró que no nos podía prestar el sitio ya que primero debíamos pagar un arriendo para sostener el mantenimiento de la cancha”, aseguró Francy Gonzalez.

Por su parte, la presidenta de la junta, Blanca Chavarro, explicó los motivos de su decisión.

“En primer lugar la cancha fue ocupada inicialmente sin consultar a la JAC, y lo que estamos trabajando con la junta no es denominado como arriendo, sino como convenio; este se maneja con el fin de mantener el buen estado del espacio, sin embargo tampoco podemos permitir que personas de otros barrios saquen provecho de la cancha para lucrarse, como en este caso con la actividad que se está haciendo con los niños. Además el espacio fue destinado para el desarrollo de actividades deportivas como el futbol”, aseveró la líder comunal.

En respuesta a la argumentación de la presidenta, la iniciadora de la escuela agregó:

“La actividad no se está desarrollando con fines lucrativos y al ser un espacio público debe garantizar el beneficio de todos, teniendo en cuenta que quince de los veinte niños que hacen parte de las prácticas son residentes del segundo sector. También estamos dispuestos a aportar el recurso para el mantenimiento del espacio, pero debido a que yo soy del tercer sector no es posible garantizar nuestro uso de la cancha, independientemente de que la mayoría de nuestros pequeños pertenezcan al barrio de ella”, aseveró.

El inconformismo de los padres y de los pequeños que hacen parte de la escuela, se basa en la organización de un torneo de microfútbol que se celebrará en la cancha, precisamente en los días en los que los pequeños entrenaban, por esta razón, aseguran que no es justo que les obstruyan sus tiempos de entrenamiento. Como respuesta desde la junta de acción comunal, se aseguró que al ser la persona del torneo alguien que desde el principio consultó con los encargados de la cancha e hizo lo debido, tiene derecho a ocupar el espacio deportivo con el desarrollo de una actividad para la que fue construida.

Para terminar, el director de Participación Comunitaria, Edgar Orlando Matallana, estableció:

“Esta clase de decisiones, las juntas deben consultarlas primero en una asamblea, y las personas deben tener conocimiento previo de la lista de cobros que se pueden generar por el uso de la cancha y las condiciones de uso. Pero este es un beneficio al que la comunidad del barrio, incluyendo a los niños, tienen derecho”, concluyó.