Contraloría, Fiscalía y Procuraduría, investigan casos de corrupción en emergencia por Covid-19

Cuatro alcaldes fueron imputados y se abrieron procesos fiscales contra dos gobernadores. Se investiga además, preliminarmente, al gobernador de Antioquia.

La Contraloría abrió también procesos de responsabilidad fiscal contra el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat (por $193 millones); y el Gobernador del Guainía, Juan Carlos Iral Gómez (por $112 millones). Según advirtió el contralor, Carlos Felipe Córdoba, se abrieron 24 nuevas indagaciones preliminares por presuntos sobrecostos en contratos COVID-19, que involucran a 9 Gobernaciones, 11 Alcaldías y un hospital departamental.

El contralor dio a conocer también de la apertura de dos indagaciones preliminares en la Gobernación de Antioquia “por presuntas irregularidades en la contratación realizada con las fundaciones Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín y SACIAR-Banco de Alimentos, para la entrega de paquetes alimentarios”.

Según la Contraloría, las indagaciones preliminares abarcan además las Gobernaciones de Norte de Santander (2), Valle del Cauca (2), Cesar (2), Magdalena, Putumayo, Santander, Cundinamarca y Vaupés; y las Alcaldías de Cúcuta (2), Santa Marta, Yondó y Sabaneta (Antioquia), Cota (Cundinamarca), El Copey, El Paso y Aguachica (Cesar); así como la ESE Hospital Universitario Departamental de Nariño.

En total se han emitido 340 alertas por presuntos sobrecostos del 21 %, en promedio, en contratos relacionados con el COVID-19 cuyo valor total es de $484.000millones, de los cuales el 40 % (unos $193.000 millones) corresponde a contratación realizada por 25 gobernaciones. Señaló también el contralor que se han emitido 18 alertas por presuntos sobrecostos por más de 21.000 millones de pesos en Bogotá.

Fiscalía

El fiscal general, Francisco Barbosa, anunció que en solo 15 días, la Fiscalía abrió 177 indagaciones por hechos de corrupción detectados en los 32 departamentos del país.

Los investigadores solicitarán audiencias de imputación contra cuatro alcaldes por múltiples delitos, entre ellos, interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales y diversos tipos de peculado.

A algunos de estos mandatarios se les pedirá medidas de aseguramiento. Se trata de los alcaldes de Necoclí (Antioquia), Jorge Augusto Tobón Castro; Barbosa (Antioquia), Édgar Augusto Gallego Arias; San José de Miranda (Santander), Donaldo Ortiz Cárdenas, y el alcalde del Charco (Nariño), Víctor Cándelo Reina.

De igual manera, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputará y solicitará medida de aseguramiento contra el suspendido gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, como presunto responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, tentativa de peculado por apropiación y lavado de activos.

Además, solicitarán medidas de aseguramiento en contra de otras 17 personas, entre funcionarios y contratistas relacionados a los contratos destinados a la atención de la pandemia.

Procuraduría

El procurador, Fernando Carrillo, anunció que se ordenó en 813 casos la apertura de un expediente disciplinario.

“De los 813 procesos disciplinarios, 82 corresponden a 27 gobernaciones. De este grupo 66 se encuentran en indagación, 12 en investigación y avanzan los juicios disciplinarios contra el gobernador de Arauca, el gobernador de Vichada, y 3 funcionarios de la Gobernación de Quindío”, dijo Carrillo.

Como parte de estos procesos permanecen suspendidos de sus cargos el gobernador de Chocó, la secretaria general de la Gobernación de Cesar y la secretaria de Salud de la Gobernación de Tolima.

Asimismo, la Procuraduría adelanta 593 expedientes contra funcionarios de 396 alcaldías, de los cuales 553 se encuentran en indagación preliminar, 30 en etapa de investigación y se avanza en 10 juicios disciplinarios, entre los cuales figuran los de los alcaldes de Coveñas y Sincelejo, en Sucre; El Socorro y Girón, en Santander; Guaduas, Cundinamarca, y El Doncello, Caquetá.

Por los hechos, permanecen suspendidos el alcalde de Armenia, Quindío; el alcalde y el secretario Administrativo de Calarcá, Quindío; los alcaldes de Cereté y Tierralta, Córdoba; el alcalde de Malambo, Atlántico; la alcaldesa de Sucre en Sucre, el alcalde y el secretario general y de Gobierno de Palocabildo, Tolima; y el secretario de Gobierno de Puerto Tejada, Cauca.

Por otro lado, la Procuraduría adelanta 138 actuaciones disciplinarias contra 108 entidades, de las cuales 125 se encuentran en indagación preliminar, 12 en investigación y en un caso se formuló pliego de cargos.

En total se adelantan 63 procesos contra 63 Empresas Sociales del Estado –ESE-, 25 entidades del orden nacional, 18 territoriales, 17 a concejos municipales, 9 establecimientos penitenciarios, 4 personerías, 1 comisaría y la Asamblea Departamental de Arauca.

Fuente: Bluradio.com

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