Corte Constitucional establece medida que protege páramos del país

Posted on 9 de febrero de 2016 by Periodismo Público

La Corte Constitucional decidió que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) no tendrán la exclusividad -como lo indicaba el PND- para otorgar las licencias en los denominados Proyectos Estratégicos de Interés Nacional (Pines).

Esto quiere decir que la delimitación de los proyectos en minería, hidrocarburos o energía estará sometida a las entidades territoriales.

El Alto Tribunal determinó que, así haya existencia de títulos mineros, prevalece el derecho al medio ambiente sano y no el derecho adquirido por las licencias ambientales. El principal páramo que protege esta determinación es el de Santurbán en Santander. La decisión se da tras la demanda que interpusieron Alirio Uribe, Representante a la Cámara por Bogotá, y el senador Iván Cepeda, congresistas del Polo Democrático, en contra de siete artículos de los dos últimos Planes Nacionales de Desarrollo.

Cepeda dijo que la Corte se pronuncia frente al núcleo “extractivista” del Plan Nacional de Desarrollo y protege a las comunidades rurales. “Con la sentencia de la Corte Constitucional hemos protegido los páramos de Colombia”, señaló el senador.

A su turno, el representante Alirio Uribe Muñoz dijo que la sentencia constitucional implica que “primero la vida luego los negocios”. “Siempre dijimos que el Plan Nacional de Desarrollo en este punto era inconstitucional…con el fallo gana la vida y gana Colombia”, agregó.

Este lunes en la noche la Corte Constitucional decidió que algunos artículos del PND van en contra de la Constitución, entre ellos el que permite la actividad minera y de hidrocarburos en los páramos del país. El alto tribunal consideró que, pese a la existencia de títulos mineros, prevalece el derecho al medio ambiente sano y no el derecho adquirido por las licencias ambientales.

Según los registros que tienen las autoridades ambientales gubernamentales, antes de 2010 fueron otorgados 448 títulos en 26 páramos, los cuales deberán suspenderse. Serían por lo menos 12 millones de hectáreas en el país las que estarían siendo afectadas por la minería.