Cundinamarca se alía con la Amazonía para dejar de depender de madera ilegal

En medio de las preocupaciones por el alto consumo de madera ilegal en el país, Cundinamarca apuesta por una alianza inédita con regiones como la Amazonía para garantizar el suministro desde fuentes sostenibles.

Durante el III Congreso Nacional de Industriales de la Madera, realizado en Medellín, la Gobernación de Cundinamarca, la CAR y Fedemaderas firmaron un acuerdo de voluntades que busca consolidar una red forestal legal y responsable, capaz de abastecer la demanda creciente sin recurrir a la extracción ilícita.

Esta alianza busca conectar a productores de la Amazonía y la Orinoquía con transformadores e industriales cundinamarqueses, bajo criterios de sostenibilidad, trazabilidad y comercio justo.

La firma del acuerdo responde a una realidad preocupante: entre el 45 % y el 54 % de la madera que se consume en Bogotá y Cundinamarca tiene origen ilegal, según estimaciones de la propia autoridad ambiental. En muchos casos, esta madera proviene de zonas protegidas de la Amazonía, donde la tala indiscriminada ha generado pérdida de biodiversidad, desplazamiento de comunidades y degradación de fuentes hídricas.

La estrategia contempla acciones de largo plazo, como el fortalecimiento de planes de manejo forestal, capacitación técnica, implementación de modelos de economía circular, acuerdos comunitarios y el uso de herramientas digitales como el Libro de Operaciones Forestales en Línea, que permite verificar el origen legal de cada cargamento de madera.

Durante el evento, una delegación de industriales y productores de Cundinamarca participó en ruedas de negocio, recorridos técnicos y mesas de articulación con empresas forestales de Antioquia. De estas interacciones surgieron nuevas alianzas que permitirán avanzar hacia una cadena de suministro más transparente y respetuosa con el ambiente.

“Con esta hoja de ruta buscamos frenar el ingreso de madera ilegal al mercado, estabilizar precios, mejorar la competitividad del sector y reducir la presión sobre los bosques naturales. No se trata solo de cumplir la ley, sino de construir un modelo de desarrollo que cuide el territorio”, señaló Diego Leandro Cárdenas, secretario de Bienestar Verde de Cundinamarca.

Además de los beneficios económicos y ambientales, la iniciativa también apunta a reducir los riesgos de intermediación irregular y a brindar mayores garantías a los consumidores que hoy desconocen el origen de la madera que compran.

Desde la CAR, se reiteró que el éxito de la estrategia también dependerá del fortalecimiento del control territorial. Por ello, se intensificarán los operativos contra la tala ilegal, en articulación con la Policía Ambiental y otras autoridades del orden nacional y local.

Esta alianza representa un paso concreto en la construcción de una economía forestal legal y sostenible, en sintonía con los compromisos internacionales de Colombia en materia de cambio climático, deforestación cero y protección de ecosistemas estratégicos.

Foto: Gobernación de Cundinamarca y Freepik

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