Diferentes países del mundo enfrentan de manera independiente y conjunta  el flagelo de la droga. Colombia, bajo la determinación, perspectiva e innovación tecnológica, ha buscado a través de las 5 últimas décadas, sofocar el efecto negativo de los narcóticos en la sociedad y la economía.

Es así como para el caso del Ejército, se han invertido durante los últimos ocho años cerca de 4.7 mil millones de pesos, el equivalente a 1.2 millones de Dólares en la adquisición y mantenimiento de las diferentes unidades de los parques automotores, la adquisición de equipo militar y de seguridad, la adquisición de combustibles y hasta el tratamiento de desechos de sustancias químicas.

Otro rasgo de esta carrera de reequipamiento militar y policial que no podemos obviar, son los niveles de inversión por parte de la policía colombiana, la cual llega hasta 119.6 mil millones de pesos equivalentes a cerca de 32 millones de dólares entre 2015 y 2020.

Teniendo en cuenta los rastreos e identificación de la información contenida en Colombia Compra Eficiente, cerca de 18.1 millones de Dólares han sido suscritos con la Corporación Industrial Aeronáutica con el fin de establecer mantenimiento, reparación y adquisición de partes para el parque automotor.

Por supuesto para las fuerzas colombianas, las cuales se recogen en la moral americana,  no poseen mayor control en el desarrollo de sus inversiones, pero por otro lado, no pueden rechazarlas  al tener un compromiso de batalla contra las drogas y el narcotráfico, este tipo de ayudas son  identificadas en: https://cuartodehora.com/2020/06/16/la-inteligencia-militar-colombiana-y-sus-contratistas-en-los-panama-papers/

Otro de estos casos es el Convenio de Cooperación con las Naciones Unidad suscrito entre el Sr. Bo Mathiasen Representante UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito)  y el Mayor General Oscar Atehortua Duque, Director General de la Policía Nacional de Colombia en el Marco del Proyecto COL/H45 y PONAL, los cuales de manera conjunta aunarían cerca de 1.6 mil millones de pesos  para la consolidación de información, tratamiento de bases de datos y registros de las áreas intervenidas, además de las características de los lotes individuales en el marco de la erradicación manual de cultivos ilícitos, sin dejar de lado información de actividades de erradicación y robustecimiento del Sistema de Monitoreo UNODC y el Sistema Integrado de Información y Monitoreo Antinarcóticos SIIMA y SIMCI.

 ¿Estos sistemas de información hoy ayudan de manera significativa a la batalla contra el narcotráfico?

¿Cabría preguntarnos aquí cuál es la evolución operativa de los grupos móviles de erradicación?

En Estados Unidos prevalecen cárteles de la droga considerados “domésticos” (Origen Estadounidense) que les han quitado a los mexicanos el control de territorios y mercados en territorio americano. Así lo admitió Polo Ruiz, un alto funcionario de la Administración para el Control de Drogas​ (DEA, por sus siglas en inglés),  el agente especial a Cargo (SAC) de la DEA de Estados Unidos en Arizona, reconocieron que en su país operan cárteles de la droga integrados y dirigidos por sus connacionales, con lo que sus declaraciones rompen con el discurso que Washington maneja desde 1973 cuando Richard Nixon creó la Administración Antidrogas y declaró la guerra contra un negocio supuestamente operado sólo por criminales extranjeros, principalmente Mexicanos y Colombianos. Hoy se consolida una guerra perdida con diferentes focos de acción a lo largo de América Latina donde para los agentes americanos, los territorios que sirven como canal del narcotráfico a EEUU se focalizan entre México, Colombia y Venezuela.

Esto ha venido generando (una relación tóxica y narcótica) entre los países no solo por el tráfico de sustancias ilícitas desarrolladas a lo largo de tiempo, sino también por los gastos mancomunados que asumen en la lucha contra este flagelo al cual deben enfrentar y frenar, hoy con resultados ciertamente tímidos. Los viejos vínculos entre la clase política que dirige el Estado y el narcotráfico que salieron a flote en las últimas semanas, dan claridad de la existencia de vínculos familiares entre personas condenadas por narcotráfico y la alta funcionaria del estado (Martha Lucia Ramírez) vicepresidenta del Estado Colombiano.

Todo lo anterior hace que no solo los ciudadanos colombianos, sino también los estadounidenses, se pregunten del grado de efectividad ante tan robusto apoyo monetario a esta batalla inocua que ha dejado una estela de dolor y destrucción.

Por Jeisson Fonseca

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