De nuevo se aplaza demolición de porterías en San Carlos
Habitantes del conjunto residencial San Carlos, ubicado en la comuna seis de Soacha, manifestaron su preocupación ante el inminente derribamiento de las porterías 1 y 4. Dicen que la alcaldía aún no ha cumplido la orden del juzgado 11 administrativo, que ordena el cumplimiento de las garantías de seguridad y estructura antes de hacer efectivo el fallo.
El fallo, ordenado por el juzgado 11 administrativo de descongestión del circuito de Bogotá, emitido el 31 de marzo de 2014, ordena el derribamiento de las dos porterías para dar apertura a una vía pública, pero previamente se deben cumplir las garantías en materia vial y de seguridad.
Libardo Ramos, miembro del consejo administrativo de San Carlos, describió la situación desde la perspectiva de los habitantes del conjunto:
“Es una situación lamentable para los residentes de San Carlos en vista de que aproximadamente cinco mil personas vivimos aquí, en su mayoría adultos mayores y niños, quienes nos veremos profundamente afectados, pues está en juego nuestra seguridad e integridad. Sumado a esto hay unos edificios que están casi colapsados, se pueden observar deteriorados y agrietados, entonces una vez abierta la vía no habrá control sobre los vehículos que transiten por ahí, por ende la zona pasaría a ser de alto riesgo”.
La comunidad y la administración del conjunto afirman que la alcaldía no ha cumplido las garantías estipuladas por el fallo, sostienen que el conjunto no está en condiciones de asumir el uso público de la vía debido a la débil estructura de cinco de sus torres. Además agregan que no se han implementado las medidas de seguridad que se supone el municipio debe adoptar antes del derribamiento, motivo por el que piden un espacio de medio año para realizar el encerramiento a los dos lados de la carretera.
“Desafortunadamente las autoridades nos tienen abandonados, cada día son más los jóvenes que se observan consumiendo sustancias psicoactivas, quienes irónicamente usan el conjunto para llevar a cabo sus fechorías. Sin las porterías la cantidad aumentará de forma indiscriminada porque la policía no cuenta con el pie de fuerza suficiente para contener el aumento del vandalismo”, sostuvo, Pedro Castañeda, habitante del conjunto.
Los residentes argumentan que la seguridad en el sector está en estado crítico y una vez la vía esté abierta, cualquier individuo podrá entrar sin ningún control, por ende temen por la integridad de los más de 5000 habitantes del conjunto.
Cayetano García, habitante del conjunto, se refirió a la difícil situación para los propietarios de los apartamentos: “No ganamos nada abriendo la portería porque en el sector predomina el vandalismo, además al frente del conjunto están ubicadas unas casas abandonadas que se prestan como refugio para los delincuentes, en las noches los vándalos se apoderan del sector y una vez abierta la vía tendrán paso libre al conjunto, seguramente será inhabitable e intranquilo”, argumentó.
El primer intento de demolición se hizo el miércoles 30 de abril de 2014, pero las autoridades al ver el inconformismo de muchos residentes y la protesta que estaban efectuando, decidieron aplazar la diligencia judicial.
Otro intento se realizó el pasado lunes 20 de abril, pero por falta de maquinara la diligencia no se llevó a cabo. Hoy miércoles 6 de mayo se intentó de nuevo, pero una vez más se aplazó la demolición gracias a las gestiones realizadas por el consejo de administración del conjunto ante la alcaldía y la personería municipal.
En los documentos expuestos ante los organismos públicos, especifican y reiteran el previo cumplimiento de las garantías para poder tumbar las porterías, argumentando que es necesario y obligatorio para la administración municipal, el aseguramiento anticipado de las exigencias expuestas por el juzgado 11 administrativo de Bogotá.
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