Sí, como Contador Público no puedo dejar de lado lo que ocurre en el medio donde vivimos, practicamos y aplicamos nuestra profesión, pues sería nuestra labor innecesaria si permitimos y certificamos estados financieros sobre todos aquellos informes que trajinamos y que estos estuviesen contaminados de sobrecostos amañados y acomodados para el beneficio de la clase política local, que en últimas es la que maneja toda nuestra estructura económica y social.

Cuando manifiesto  ‘la clase política’ no solo me refiero a aquellos que figuran en los primeros renglones del organigrama político de la nación, sino también hago mención absolutamente a todos los representados y registrados en nuestro panorama político, es decir que hay que incluir a todos los entes gubernamentales y de control, a nivel territorial, que ha creado el mismo gobierno.

Nuestros líderes políticos a nivel territorial (llámese nacional, departamental, municipal, etc.) deben ser muy ecuánimes y neutrales, (nada de nepotismo, ni clientelismo, ni pago de favores políticos) con gran responsabilidad, honorabilidad e  idoneidad para nombrar todos y cada uno de los personajes que tendrán a cargo una dependencia, una mesa directiva y/o cualquier cargo público que le haya dado por crear a nuestros padres de la patria y así no correr el riesgo de que no solo la pandemia nos contamine con su virus, sino como en la actualidad, nos posea el virus de la corrupción, de casi todos los actos administrativos que se desarrollan, en nuestro caso, a nivel municipal.

Claro que el problema sobre la corrupción no para ahí, en simplemente despedir, hacerlo renunciar, en si apartar de la administración a ese miembro corrupto, se debe proceder con todo el poder que da la institucionalidad de castigar ejemplarmente a todos y cada uno de los entes que carcomen los bienes del estado.

Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con la contabilidad? , muy sencillo: que esta materia la desarrolla y la ejecuta un profesional que se ha capacitado para  que entre sus actividades, las cuales puede ejercer en cualquier negocio, ejerza  la auditoria y la revisoría fiscal. Recordemos las responsabilidades que le ha asignado la DIAN, la Junta Central de Contadores o el  Consejo Técnico de la Contaduría Pública frente a lo ejecutado ante el Estado por aquella empresa a la cual él presta sus servicios de asesoría profesional.

Ahora, la otra pregunta es: ¿Cómo es posible que se nombre, se nomine o se elija un funcionario que debe ser por naturaleza un profesional, el cual debe ejecutar administrativamente los costos y gastos necesarios para desarrollar la actividad para la cual fue nombrado y por la que se le paga un salario por parte del Estado, permita actos de corrupción donde recibe comisiones y/o dádivas por dar un contrato? ¿No será necesario que entre sus asesores haya un contador público para que aplique toda la normatividad que reglamenta el ejercicio de dicha profesión?

Podríamos asegurar como profesionales de la Contaduría Publica que es indispensable poder complementar todo el trabajo realizado en el marco de nuestra profesión, con la aplicación por parte del Estado de toda la justicia que da la ley sin violar ningún derecho fundamental, para defender con eficacia  toda la  integridad de ese gran patrimonio nacional que hoy vemos con tristeza, como se lo está llevando esa pandemia de la corrupción.

Adolfo Duque Gutiérrez

Contador público titulado  de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con diplomado en Revisoría Fiscal de la Universidad de la Salle. Actualizado en temas contables y tributarios, con más de 20 años de experiencia.