Días contados para las canteras ilegales de Soacha y Bogotá

Posted on 13 de julio de 2013 by Periodismo Público

El Consejo de Estado tiene lista la ponencia del fallo con el que busca ponerle fin al desorden que ha causado durante varias décadas la explotación indiscriminada de materiales de construcción como arena, gravilla y recebo en la Sabana de Bogotá y el municipio de Soacha.

Pareciera que las canteras de materiales para construcción tienen los días contados en Bogotá y sus alrededores, pero solo un fallo del Consejo de Estado, próximo a salir, definirá el futuro de esta actividad.
Todo indica que el documento judicial tocará todo tipo de intereses.
Desde la industria de la construcción formal hasta los poderosos carteles que se han dedicado durante años a cercenar ilegalmente los cerros de Bogotá y Soacha.

Según la Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos de Colombia (Asogravas), desde hace un tiempo se presentan incrementos en los precios de los insumos, provocados, en algunos casos, por el cierre de minas. Esta posición es compartida por una de las empresas productoras de concreto más grandes del país.

Una situación más que preocupante es que este gremio ha percibido que una parte de la explotación que se hacía en la Sabana se está trasladando a otras zonas como el departamento del Tolima, un escenario que genera dos efectos nocivos: no soluciona de fondo el problema e incrementa los costos para el sector de la construcción.

De hecho, algunos gremios vinculados a esta actividad reconocen que la explotación de este tipo de materiales en zonas urbanas es inviable y que desde ya los gobiernos deben plantear mejores alternativas para no afectar, aún más, la industria de la vivienda.

Las cifras en ese frente son elocuentes. Bogotá consume cada año cerca de 20 millones de toneladas de este tipo de materiales, pero hace un tiempo, cuando el sector de la construcción no estaba postrado, se consumían hasta 30 millones de toneladas, lo que da una idea de las necesidades del sector.

Esta demanda del mercado supone habilitar amplias áreas de explotación, pero en mejores condiciones de mitigación ambiental y sin poner en riesgo la salud de la población urbana. De hecho, la Personería de Bogotá calcula que unas 800.000 personas en la ciudad resultan afectadas por la polución y la contaminación ambiental que generan este tipo de explotaciones. Esa es parte de la discusión que analiza la ponencia de la magistrada María Claudia Rojas Lasso y cuya decisión final se espera conocer en las próximas semanas.

Pero mientras sale el fallo, la Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR) se declaró a la expectativa, pues se trata de un limbo jurídico que viene del año 2006 y que no tiene otra solución a la vista. Ante la imposibilidad de otorgar más licencias, la CAR incluyó entre 10 y 12 canteras de los Cerros de Bogotá en planes de manejo de mitigación ambiental. En el papel, dicha decisión obliga a los propietarios de estas minas a destinar la totalidad de los ingresos de su producción a la construcción de taludes y obras de reforestación y solo por un tiempo limitado. No obstante, algunos dueños se hacen los de la vista gorda y siguen vendiendo materiales a gran escala.

Otro aspecto que tocará el fallo del Consejo de Estado tiene que ver con el cambio climático y la necesidad de proteger la población que habita en inmediaciones de los cerros orientales. La misma CAR reconoce que algunas de las construcciones que se levantaron hace unos años en Usaquén tuvieron como origen los huecos y cicatrices que dejó la explotación de canteras. Esto representó para más de un minero un negocio redondo, pues primero acabó con parte de la montaña y luego se edificaron costosos apartamentos.

Tomado de Dinero.com