Director de la CAR buscará nulidad de sanción confirmada por la Procuraduría

Hace tres días, la Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción de destitución e inhabilidad  por diez años al director (e) de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Néstor Guillermo Franco González, por irregularidades en la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Chía -PTAR II.

En fallo de segunda instancia, el Ministerio Público estableció que el convenio suscrito en 2015 por la CAR Cundinamarca con la Empresa de Servicios Públicos de Chía -Emserchía- y la alcaldía del municipio, por más de $35 mil millones, no se encontraba en condiciones de ser ejecutado.

El órgano de control determinó que los estudios y diseños para iniciar las obras fueron elaborados en el 2011, y por lo tanto eran obsoletos para ejecutar el proyecto, lo que ocasionó modificaciones al convenio y un reajuste en el valor de los trabajos, que ascendió a $62.875 millones.

Para la Procuraduría quedó demostrado que se quebrantó el principio de planeación en la ejecución de las obras, porque no se tomaron las medidas necesarias para asegurar la construcción de la planta en los términos y valores inicialmente previstos.

También se vulneraron los principios de moralidad y legalidad, toda vez que no se respetaron las normas que obligaban a las partes a tener los estudios y diseños adecuados antes de firmar el convenio de construcción.

Entre tanto, el  director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Néstor Guillermo Franco González, dijo que recibió con respeto la decisión disciplinaria de segunda instancia, pero aseguró que una vez la decisión se encuentre en firme y debidamente estudiada, “acudiré ante la jurisdicción contenciosa administrativa, con el ánimo de lograr la nulidad de tal decisión y el restablecimiento del derecho, según corresponda”.

En tanto, “tengo la enorme satisfacción de que la obra objeto de cofinanciación se encuentra en un estado de avance del 97% y que entrará en operación en el primer trimestre de 2020, tratando el 70% de las aguas residuales generadas en Chía y de esta forma se contribuirá  de manera eficaz con el proceso de descontaminación del río Bogotá, cumpliendo así  con la orden judicial que originó la firma del referido Convenio”, finalizó.

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