Dos alcaldes de Cundinamarca involucrados en presunta corrupción por contratos durante la pandemia
Se trata de los alcaldes de La Palma y Guaduas.
La Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría entregaron los resultados de las investigaciones que han adelantado por presuntas irregularidades y posibles hechos de corrupción en contratos realizados durante la pandemia de coronavirus. En los hechos están involucrados gobernadores como el de Chocó, Arauca, Tolima y Cesar; alcaldes como el de El Socorro, La Palma, Calarcá, Armenia, Malambo, Soledad y Guaduas, y los ministerios de Defensa y Agricultura.
En el caso de la Procuraduría se ha priorizado 1.286 casos relacionados con presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados a las ayudas humanitarias para atender la emergencia derivada de la Covid-19.
En cuanto a alcaldes de Cundinamarca, se llamó a juicio disciplinario al alcalde de Guaduas, Germán Herrera, por presuntos sobrecostos en dos contratos, por $560 millones de pesos, para el suministro de mercados y elementos de aseo, presunta falta de idoneidad del contratista.
Por otra parte, se abrió investigación disciplinaria al alcalde de La Palma, Cundinamarca, John Jairo Pulido, por posibles sobrecostos e irregularidades en la selección de contratistas para la firma de un convenio por $65 millones de pesos, para la entrega de productos básicos a las familias más vulnerables del municipio.
Medidas contra gobernadores
Citaron a audiencia de juzgamiento disciplinario al gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, por presuntas irregularidades en el contrato para la realización de eventos y actividades artísticas en el municipio de Cravo Norte, por $570 millones. Además, se le abrió investigación por presuntos sobrecostos en la contratación de paquetes alimentarios para 33.437 familias del departamento por $4.463.379.180.
Se abrió investigación al gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, y se ordenó su suspensión por tres meses por irregularidades de más de $2.000 millones de peso, al celebrar un contrato con la Fundación Chocó Saludable, donde el contratista debía adelantar actividades relacionadas con ciclos educativos, una contratación que en la pandemia no es urgente.
Al gobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo, se le vinculó formalmente a una indagación preliminar por presuntas irregularidades en la revisión de la suscripción de 37 contratos, por más de $14.065 millones, para la adquisición de 88.700 kits de mercados, abarrotes y tarjetas o bonos para redimir en establecimientos de comercio.
Finalmente, el fiscal general Francisco Barbosa “la Fiscalía General de la Nación ha adelantado una verificación sobre 909 contratos, de los cuales se adelantan 63 iniciativas investigativas, se han abierto 38 procesos en etapa de indagación preliminar por presunta violación a los principios de la contratación estatal en contratos celebrados entre municipios y gobernaciones, y se abrió noticia criminal contra 41 funcionarios municipales en Atlántico, Valle del Cauca, Cundinamarca, Cesar, Sucre, Bolívar, La Guajira, Nariño, Antioquia, Quindío y Santander (…) De esta forma hemos evitado que se pierdan 17 mil millones de pesos”, finalizó el fiscal general.
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