Emberas podrán quedarse hasta el 31 de agosto en albergue sur
Tras un acuerdo entre la Personería de Bogotá con la Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas, y el operador Maloka San Javier, las 57 familias se quedarán hasta el 31 de agosto. A pesar de término de contrato financiaba el servicio.
La situación de 59 familias de la comunidad Emberá, que iban a ser desalojadas en las próximas horas de un albergue ubicado en el barrio Villa Javier (localidad de San Cristóbal), tuvo un respiro. Este viernes se selló una conciliación entre la Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas y el operador Maloka San Javier, con la mediación de la personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda. Este acuerdo permitirá que las 257 víctimas del conflicto puedan tener un refugio, por lo menos hasta el próximo 31 de agosto.
“La mayor preocupación del Ministerio Público era la suerte que iban a tener los 180 niños, pues la Unidad había informado que la convocatoria para contratar un operador estaría adjudicada hasta septiembre. Sin embargo, ahora con el acuerdo y una vez sea adjudicado el contrato, se garantizarán los derechos de los Emberá”, señaló la Personería en un comunicado.
A mediados de este semana, los habitantes de este albergue comenzaron a recibir alertas de desalojo por el vencimiento del contrato, situación que, al parecer, se trató de un olvido por parte de la Unidad de Víctimas debido a ley de garantías. Al conocer el Ministerio Público la situación de esta comunidad decidió intervenir para garantizar que estas personas al menos terminaran la semana allí.
Adicional al tema del alojamiento, la Personería evidenció una posible irregularidad en cuanto al convenio de auxilio para las familias indígenas (en las que hay 180 niños) para que afronten esta situación. Aunque la Unidad de Víctimas anunció que iba a otorgar un subsidio mensual por entre $600 mil y un millón de pesos a cada familia, Castañeda, quien visitó el miércoles la maloka, aseguró que a cada núcleo solo le dieron $420 mil para todo el mes.
“Les dieron aproximadamente $80 mil por persona para vivir un mes. La pregunta que nos hacemos es ‘¿qué va a pasar con esta población?’”, cuestionó la personera, quien además aseguró que, como tampoco tenían alimentación, gran parte del dinero que les dieron ya lo invirtieron en comida. “Ellos pasaron muchos días sin alimento y apenas les dieron esos $420 mil salieron a comprar comidas que, además, no son saludables. En muy poco tiempo se van a quedar sin ese auxilio y no van a tener para dormir ni para comer”, indicó en su momento la personera.
Mientras se soluciona por completo la situación con el contrato entre la Unidad de Víctimas y el operador del albergue, la Procuraduría investigará el caso.
Fuente y fotografía: Elespectador.com
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