En esta semana se sabrá si vuelven las corridas de toros al Distrito

Un grupo de novilleros continúa en huelga de hambre a las afueras de la Plaza de toros la Santamaría. Encadenados, piden al gobierno local traer de vuelta la fiesta brava a la capital. El gremio ha interpuesto una acciones legales contra el alcalde Gustavo Petro en donde afirman que incurre en prevaricato, abuso de poder y fraude.


Los novilleros afirman que el cierre de la plaza generó la pérdida de 35 mil empleos y de al menos 3 mil millones de pesos que ingresaban a la ciudad por cuenta de las temporadas taurinas.

Por su parte, la Administración Distrital mantiene su posición de no permitir las corridas de toros en Bogotá y asegura que las obras que se van a realizar en la plaza son para reforzar su estructura y que no se afectará la arena.

Sobre la acción de tutela que debe fallar

Se instauró una acción de tutela por la Corporación Taurina de Bogotá, (empresa que desde 1999 organizaba las corridas en la plaza de toros de Santamaría), lo hizo en contra de la decisión del alcalde Gustavo Petro de haber terminado el contrato de arrendamiento, con el argumento de que no volvería a prestar la plaza para espectáculos “alrededor de la muerte”. El alcalde dio por terminado el contrato en junio del 2012, y desde entonces prohibió las corridas de toros, pese a que la ley las permite.

El proyecto del ponente magistrado Mauricio González tiene en cuenta, entre otras, la sentencia C-889 de 2012, que declaró exequible (constitucional) la Ley 916 de 2004 (por la cual se establece el Reglamento Taurino) que dice que los alcaldes y los concejos municipales no pueden prohibir las corridas de toros en los municipios donde exista tradición. Esa sentencia recuerda que la Corte ha avalado la regulación legal de estas actividades, “en cuanto tradición cultural de la Nación, susceptible de ser reconocida por el Estado”.

Esto quiere decir que el alcalde Petro no tenía la autoridad para prohibirlas y de producirse el fallo, lo que en teoría debería proceder es que el alcalde estaría obligado a abrir un proceso licitatorio y entregar en arriendo a La Santamaría.
Sin embargo, Petro anunció que no acataría la sentencia de la Corte, que no obedecerá la ley y en reunión con los huelguistas expresó que si el fallo de la Corte Constitucional sale a favor de los toros, él no lo va a aceptar.

Encuestas realizadas desde hace varios años demuestran que la mayoría de colombianos se muestran en contra de la llamada fiesta brava porque perciben este tipo de espectáculos como una actividad sangrienta, cruel, sin respeto alguno hacia los animales, lo que es a su juicio un acto inhumano y salvaje. La minoría que se muestra a favor mencionó que ven en el toreo una expresión artística y una tradición cultural.

Desde el Instituto de Patrimonio Cultural no se desconoce que los toros son una tradición cultural, pero piensan que hubo un proyecto de ciudad que ganó, que defiende a los animales y que no contempla La Santamaría como escenario para este fin.

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