Habitantes de este sector de la comuna dos denunciaron persecución por parte de la Alcaldía municipal debido a la multa interpuesta por instalar rejas en algunas zonas peatonales para disminuir la inseguridad que se venía presentando por cuenta de bandidos y consumidores de droga.


Dicen algunos habitantes del segundo sector de Quintas de la Laguna que debido a la situación de inseguridad que se venía presentando constantemente en el sector, optaron por instalar dos rejas metálicas para controlar el acceso de consumidores de droga y delincuentes que estaban causando miedo entre la comunidad y que en repetidas ocasiones aprovechaban las zonas verdes del sector y su vecindad con el Humedal Neuta para hacer de las suyas, sin que nadie les pudiera decir nada.

“Hemos buscado de una u otra forma hacernos sentir para que se conozca la problemática que está sucediendo en la ronda de la laguna y especialmente en la manzana 29, nosotros vemos las 24 horas del día situaciones de microtráfico y delincuencia. Entonces esto ha pasado de ser un lugar muy bonito a ser muy inseguro en donde los niños tienen que convivir con personas consumidoras de drogas que son difícil de sacar”, señaló Diego Arias, habitante de este sector.

Precisamente, una de las maneras que los vecinos escogieron para controlar el alto grado de inseguridad fue la construcción de estas rejas aproximadamente hace un año. Sin embargo, cuentan que alguna vez el alcalde municipal visitó el barrio y al ver la instalación de las cercas, decidió instaurar una demanda e interponer una sanción a través de la Secretaría de Gobierno a los residentes que se unieron para construirlas, de tal manera que en este momento la comunidad se encuentra multada.

“Se ha tratado de gestionar con las entidades gubernamentales para ver si nos dan más seguridad y más policía porque aquí no hay pie de fuerza, ni un CAI, ni nada parecido. En este momento estamos esperando una visita de la Secretaría de Planeación y de gobierno para que vean la problemática y se pueda legalizar la reja. Pareciera que ellos en vez de estar combatiendo la delincuencia nos estuvieran combatiendo a nosotros como si hubiéramos cometido algún delito”, señaló un poblador del barrio, quien prefirió omitir su nombre.

“Desde que pusieron las rejas uno ha visto el cambio porque todo es más pacífico, los malhechores ya lo piensan dos veces para entrar aquí y se van para otros lados a robar y a consumir drogas. A mí no me parece justo que la quiten y nos multen tras del hecho por algo que considero que no estamos haciendo mal. La situación es que si nosotros no hacemos esto, se nos llena de ladrones, además no estamos impidiendo el paso de nadie porque simplemente estamos colocando una fachada ya que las rejas permanecen abiertas para que la gente pueda pasar”, dijo Rafael Castillo, vecino de quintas de la Laguna.

Responde Secretaría de Gobierno

Elberto Ariza, director de Apoyo a la Justicia, explicó que efectivamente en este sector se viene adelantando un procedimiento administrativo por infracción urbanística cuyo objetivo es buscar que las personas construyan o hagan cualquier adecuación urbanística con la licencia de construcción que se tramita por medio de las curadurías urbanas. Ariza manifestó que en principio se hizo una diligencia de verificación para determinar cuál era la afectación y si la licencia de construcción ya había sido tramitada.

“Al no encontrar licencia, la ley 810 del 2003 dicta que se podrán colocar tres tipos de sanciones: Multa, demolición y hasta suspensión de los servicios públicos, en este momento tenemos una multa y una orden de demolición. Sin embargo la ley 810 habilita que las personas se puedan adecuar a la norma obteniendo la respectiva licencia para lo cual se da un plazo de 60 días, eso ya se le informó a la comunidad dentro del mismo acto administrativo para que inicien los trámites ante la Curaduría y de esta forma se pueda legalizar el encerramiento”, aseguró el Director de apoyo a la justicia.

De igual manera enfatizó que de acuerdo a esta ley, es el curador urbano quien determina los requisitos necesarios para que la comunidad realice los ajustes que consideren pertinentes en temas de seguridad, en este caso la instalación de rejas o cercas para disipar a los consumidores de droga que aturden a la población. Una vez cumplidos estos requisitos y con la licencia aprobada, la Dirección de Apoyo a la Justicia revisa la documentación allegada y tomará la decisión correspondiente.

En cuanto a la multa, Ariza invitó a la comunidad a que solvente esta deuda, ya que el caso omiso puede acarrear el aumento de intereses , llegando a valores exagerados que permitirían el inicio de un proceso de cobro coactivo, el cual se define como un procedimiento especial por medio del cual la Administración municipal tiene la facultad de cobrar directamente las acreencias a su favor, sin que medie intervención judicial, adquiriendo la doble calidad de juez y parte dentro del proceso. Tiene como finalidad obtener el pago forzado de las obligaciones fiscales o recursos a favor de la Administración, mediante la venta en pública subasta de los bienes del deudor, cuando este ha sido renuente al pago voluntario de sus obligaciones.

“El llamado a la comunidad es para que entienda que no es un tema de buscar personas o de imponer multas, lo que se quiere es que tomen conciencia que cualquier obra debe pasar por la Curaduría ya que es una norma de orden público para todo el mundo. Aquí entran en disputa dos derechos: Uno es la seguridad de unas personas y el otro es el acceso al espacio público, que es un derecho colectivo y constitucional”, concluyó el funcionario, aduciendo además que este tipo de situaciones también se puede prestar para malos entendidos entre vecinos, dado que en la mayoría de casos no todos los habitantes de un sector están de acuerdo con medidas como edificar barreras que impidan el libre acceso a zonas públicas.