Déficit en los servicios públicos es lo que argumentan los habitantes de este sector de la comuna seis para exigirle a la Administración Municipal la legalización del barrio. Sus habitantes dicen que mientras tanto deben realizar algunas peripecias para evitar mayor descuido por parte del Estado.


Desde hace diez años, por intermedio de una subasta de remate hecha por la DIAN, muchos de los hoy habitantes de Villa Julia, contiguo a la urbanización San Carlos, adquirieron sus predios pensando que por fin pondrían final a tanto tiempo de búsqueda de una vivienda digna y en mejores condiciones de las que habían tenido antes. Sin embargo, el tiempo ha pasado y aún siguen presentando falencias en la recepción de los servicios públicos.

Un primer ejemplo de ello es el servicio de acueducto. De acuerdo a lo señalado por algunos residentes, este fue instalado de manera artesanal por la misma comunidad debido a la inoperancia de las administraciones municipales que han pasado a lo largo del tiempo. Para ello recogieron fondos monetarios, por intermedio de la realización de bazares y actividades comunitarias, que sirvieron para comprar las tuberías e instalarlas conjuntamente.

“Las redes nosotros mismos las compramos y nos salieron por casi 10 o 12 millones de pesos, fueron compradas por la misma comunidad a base de sacrificios, de vender alguna empanada o hacer un bazar, porque ni el acueducto se ha arrimado a los barrios a proponer, simplemente se limita a hacer un censo y a cobrar la tarifa mínima sin meterle un codo o un pegante a esa obra”, expresó Francisco Segura, residente del sector.

Para Albeiro Holguín, quien es el presidente de la JAC de Villa Julia, sí existe un servicio por el que los vecinos muestren su preocupación, sin duda alguna es el del alumbrado público. En este aspecto vale la pena destacar que la inseguridad ha venido en aumento a pesar de que la comunidad también ha sido la que se ha puesto en la tarea de instalar algunas lámparas que minimicen de algún modo esta situación, eso sí, sin que esto sea suficiente; de ahí que expresen su inconformismo por la condición de ilegalidad en la que se encuentra el barrio y no se divise un panorama alentador.

“Hemos venido comprando unas lámparas, se hizo una frijolada pero de todas maneras el barrio necesita más intervención de la alcaldía para su legalización, no queremos que nos regalen todo pero al menos que haya una orientación de parte de la alcaldía para llevar a cabo las cosas de una manera correcta y así que haya calidad de vida para todo mundo”, afirmó Holguín.

“Yo como inquilina pido que nos colaboren porque nosotros somos seres humanos y aquí nos tienen abandonados. Por ejemplo se presentan atracos porque hay mucha oscuridad, esto aquí a las seis o siete de la noche es muy oscuro. Los muchachos que van a trabajar a las empresas a la brava tienen que coger ruta porque si van en una cicla se la roban junto al portacomidas en el que llevan el almuerzo”, declaró María Ramírez.

De igual manera, el servicio de telefonía e internet ha sido un privilegio que solo 20 familias han podido disfrutar en el sector, teniendo en cuenta que allí habitan más de 200 según lo expresado por el líder comunal; en este sentido se resalta que se han enviado solicitudes a ETB, que es la empresa que tiene la disposición de líneas telefónicas y de las redes de internet, las cuales son de suprema importancia para la comunidad, en especial para los niños, quienes deben en ocasiones realizar grandes desplazamientos para acceder a la red.

“Desde hace más de seis meses se le envió una solicitud, junto con los planos del barrio, a la ETB para que instalen la postería pero hasta ahora no nos han dado respuesta y mientras tanto nosotros debemos aguantarnos los recorridos y las dificultades para acceder a internet, que es muy importante porque ahora se usa para todo”, dijo el dirigente comunitario.

Con esta perspectiva, habrá que esperar bastante tiempo para que la administración municipal realice los estudios pertinentes con el fin de determinar definitivamente si es viable legalizar este barrio y así sus habitantes no tengan que sentirse discriminados porque ellos también son “hijitos de Soacha”, tal y como ellos lo afirman, además exigen las mismas garantías públicas que sí tienen personas que habitan desde un tiempo más reciente el municipio.