Las advertencias sobre la presencia de urbanizadores ilegales han ido en aumento y están siendo puestos en conocimiento ante la Alcaldía municipal y los medios de comunicación, investigadores han encontrado que varios de los responsables provienen de Soacha y Ciudad Bolívar.


Diferentes casos se han presentado en el municipio, el más crítico corresponde a un proyecto ilegal que está siendo desarrollado en el Cerro Fusacatá, al oriente del casco urbano, por encima de la cota de servicios, significa que el proyecto no tiene posibilidades de acueducto. En similares o parecidas condiciones se encuentran otras construcciones sin licencia fuera del perímetro urbano, concretamente en el Resguardo, al igual que rumbo a Betania, en donde no existe, en el corto plazo, la posibilidad de proveer alcantarillado.

Las denuncias dan cuenta de otro serio inconveniente en inmediaciones del Terminal de Transportes, al costado sur, por donde ya se tiene proyectada la ampliación de la Avenida Las Palmas entre el cruce de la actual Panamericana y la variante, allí existe una construcción que enfrentaría graves problemas ya que el proyecto ilegal de vivienda se vería afectado por desalojo porque ya existe un trazado vial que es prioridad para el municipio.

Otra más llamada San Sebastián, se encuentra completamente en la ilegalidad, por fuera del perímetro urbano y con vertimientos sobre la «escorrentía». Hay que agregar a la relación las denominadas Villa Aranzazu, La Colina, Casa Blanca, Monte Verde -también con ciertos inconvenientes no necesariamente de legalidad- y muchas subdivisiones y loteos fuera del perímetro de servicios. En el sector de Manila se está construyendo Malibú sin ningún tipo de permiso. Lo grave en este caso es que sobre esos terrenos debería trazarse la carrera novena, que uniría a Balmoral, Siboney, Manila, Caprí y El Encanto para desembocar en la cuenca del río Cuja. La idea era que esta arteria permitiera una fácil comunicación entre el norte y sur del municipio.

Tal y como están las cosas la obra no podrá desarrollarse. Se supo que las comunidades enteraron en su momento a la Alcaldía, cuando todavía había tiempo, pero los urbanizadores aceleraron sus construcciones creando condiciones de hecho y hoy es imposible continuar con la vía.

En este punto las denuncias traen otra problemática en donde los mismos promotores de las urbanizaciones piratas y expertos en invasiones, con argucias jurídicas y alegando derechos a la vivienda, inducen a la población para que se manifieste en contra de las acciones legales colocando como escudos humanos a los niños y ancianos. Se conoce de casos de similares características en otras ciudades en donde, al lado de los cuerpos policivos, la autoridad ha tenido que acudir a Bienestar Familiar para hacerse cargo de los menores de edad que son utilizados en manifestaciones de esta clase.

De no controlarse de forma inmediata la situación se generará un problema serio que podría acarrearle inconvenientes a la ciudad, pues en un futuro cuando ya existan asentamientos y casas construidas, será el municipio y los contribuyentes locales, con los impuestos quienes asuman los costos de las vías, alcantarillados, acueductos y otros servicios públicos además de los inconvenientes de orden social.

Quienes han denunciado también advierten sobre la existencia de normas que prevén castigos no solo para los inversionistas ilegales sino para las autoridades que por negligencia, faciliten el desarrollo de este tipo de proyectos. Lo anterior quiere decir que además de las responsabilidades penales a los urbanizadores, los funcionarios y ex funcionarios de la administración fusagasugueña podrían verse inmersos en casos legales por omitir el cumplimiento de sus deberes en cuanto a los controles a urbanizaciones piratas.

Hoy no hay alternativa diferente a la inmediata intervención de las autoridades, es decir Planeación y la Secretaría de Gobierno, para que, en primera instancia, intervengan y adelanten demoliciones si es del caso.

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