Por considerar que hubo vicios de procedimiento e inconsistencias en la evaluación del impacto ambiental, las comunidades de Girardot y Coello quieren impedir la extracción de arenas, gravas, tierra y minerales del río. Empresa responsable asegura que existe una persecución en su contra. En este punto del río Magdalena, situado entre los municipios de Girardot y Coello, se pretende construir una mina a cielo abierto que abarcaría 58 hectáreas. Foto: archivo particular.

Desde el 2015 las comunidades campesinas, pescadoras e indígenas de Girardot (Cundinamarca) y Coello (Tolima) luchan contra el establecimiento de un proyecto minero en el río Magdalena que le permite a una compañía desarrollar mediana minería en uno de los meandros o curvas formadas por el curso del río Magdalena, entre las veredas San Lorenzo, Acapulco-Zumbambicos y el corregimiento El Buche en Girardot, y otros sectores situados en jurisdicción de Coello. 

De ese lugar, que abarcará 58 hectáreas, se pretenden explotar arenas, gravas, tierra y minerales por un lapso de 30 años, hasta el 2040. Sin embargo, en vista de que el tema del licenciamiento ambiental tardó 10 años, entre 2009 y 2019, solo restarían 20. 

El inconformismo social comenzó cuando la firma Proacol llegó al territorio y así se lo hicieron saber también a las autoridades de la época, ante el temor por los impactos medioambientales, sociales y culturales que este proyecto podría acarrear. Las comunidades estiman que el proyecto podría alterar el cauce y la dinámica natural del río y desencadenar la pérdida de especies nativas de aves y peces de la región, así como de algunas zonas de bosque seco tropical, además de afectar la pesca, actividad de la que viven, por ejemplo, los indígenas Pijao asentados en el municipio de Coello, al igual que muchos pescadores de Girardot.

“Si no hay peces, no hay dinero para el sustento de la familia”, dijo Jhon Fredy Arias, pescador girardoteño a quien le preocupa el impacto de la minería en el río, al igual que a Umeimar Laguna, miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda Acapulco-Zumbambicos, quien aseguró que, en ese sector del municipio, conformado por 20 casas, la mayoría de las personas viven de la pesca, la ganadería y los cultivos de productos como el limón, el anón y el maíz. 

«Al llegar la minería se acaba eso y la pesca, así como las especies que habitan esta región como los conejos, pájaros y venados por causa del ruido de las máquinas y del polvo que cubrirá las hojas y las ramas de árboles, lo que les impedirá respirar y los llevará a morir», dijo el líder comunal, quien explicó que el proyecto minero quedará situado a solo 500 metros de ese caserío, razón por la cual también temen por los impactos a la salud de las cerca de 150 personas que allí residen.   

A los habitantes también los amedrenta la afectación que pueden llegar a sufrir las playas que todavía tiene el río Magdalena y que son utilizadas a nivel turístico y recreativo por los pobladores de la zona los fines de semana. Adicionalmente, los asusta que se genere una ruptura en la relación que existe entre la comunidad con el río. 

Consideran que la puesta en marcha de esta mina a cielo abierto podría causar, además, cambios en los procesos socioeconómicos de los habitantes, tras perder la posibilidad de desarrollar la pesca, así como modificaciones en las dinámicas sociales por la llegada de nuevos actores a la región, afectando la convivencia como consecuencia de problemáticas asociadas al consumo de sustancias psicoactivas y la prostitución.

El Movimiento Social Prodefensa del Medio Ambiente viene liderando el proceso de oposición a este proyecto desde hace cinco años y busca que Colombia disfrute de un río Magdalena limpio y sano.


Los habitantes de Girardot temen que la minería afecte las playas del río y decaíga el turismo en la zona. Foto: archivo particular semanasostenible.com. 

Todas estas y otras inquietudes fueron dadas a conocer a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) el 3 de diciembre de 2015, fecha en que esa autoridad ambiental realizó una audiencia pública. Durante ese encuentro se presentaron 37 ponencias en contra del proyecto, la mayoría de las cuales fueron determidadas por la CAR como no aplicables. Adicionalmente, fue radicada una carta con 6.729 firmas en la que se le solicitaba a las autoridades no autorizar la licencia ambiental.

Sin embargo, en octubre de 2019, la CAR le otorgó la licencia a la empresa solicitante, dando vía líbre a la ejecución de la inicitiva minera

Los 15 concejales electos de Girardot decidieron entonces, firmar una proposición para pedirle al nuevo director de CAR Cundinamarca, Fernando Sanabria, que revocara la decisión tomada por su antecesor. La propuesta fue radicada el 7 de febrero de 2020, con copias al Ministerio de Ambiente, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.  

Según los cabildantes con esta medida se vulneraron derechos fundamentales a un ambiente sano, al agua, a la vida y a la salud de los girardoteños, y se puso en riesgo la integridad ecosistémica.  

Denunciaron, además, que con la autorización de la licencia se configuró una vulneración al debido proceso, pues el proyecto, al parecer, cambió sustancialmente entre la propuesta inicial y la que finalmente fue aprobada. «Algunos de los cambios por los que era necesario reiniciar el proceso de adjudicación de la licencia tienen que ver con las coordenadas del punto de extracción, los costos de la actividad, las ventas proyectadas y la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA)», señaló el Concejo en la solicitud. 

Sobre el particular, Nicolás García, gobernador de Cundinamarca, se comprometió a revisar el proceso de adjudicación de la licencia para verificar el cumplimiento de los requisitos e indicó que le solicitó a la CAR que le suministre en detalle dichos permisos. Expresó que una vez verificado el proceso, se abrirán las investigaciones a las que haya lugar.

Fernando Sanabria, director de la CAR Cundinamarca, apuntó, a su turno, que van a revisar en detalle este caso. «Haremos lo que haya que hacer y hasta donde la norma no lo permita. Además, daremos una respuesta jurídica y técnica a las inquietudes manifestadas por los concejales y las comunidades», comentó. 

Fuente y fotografía: Semanasostenible.com