¿Hay mafias detrás de la ocupación del espacio público en Soacha?
Aunque nadie se atreve a denunciar y las mismas autoridades municipales y los organismos de inteligencia no se han preocupado por investigar a fondo quiénes están detrás del cobro por ocupar muchos de los puestos donde se ubican vendedores ambulantes, es un secreto a gritos que en Soacha se arrienda y se vende el espacio público.
A raíz de la recuperación del espacio público en el puente peatonal de Unisur y en la avenida 30 de San Mateo, han surgido opiniones diversas frente a los operativos y al papel que debe jugar la Alcaldía y la Policía en este aspecto.
Sin duda la recuperación del espacio público es una labor que aplaude la mayoría y se convirtió en un deber de las autoridades contemplado en el Código de Policía, sin embargo es un tema que origina controversia por los diferentes intereses creados en las calles.
“Yo sí aplaudo la labor de las autoridades al atreverse a recuperar la 30 de San Mateo, estábamos en mora de hacerlo y felicito a la Policía y a la Alcaldía por mantener limpia esta zona. Mire lo bonito que se ve”, expresó Ana Ballesteros, residente en la comuna cinco de Soacha.
“Nadie está en contra de los vendedores, tienen derecho a trabajar, pero que lo hagan organizadamente y sin apoderarse de lo que nos pertenece a todos, el problema es que los dejaron coger mucha ventaja y ahora todo el que quiere monta un puesto sin control alguno, ya era hora que un alcalde le pusiera freno a la ocupación del espacio público”, sostuvo Misael Hernández, habitante del sector Camilo Torres.
Y aunque la mayoría de habitantes apoya la medida y piden que se recupere el espacio público en otros sectores como Ciudad Verde, Quintanares, las calles 13 y 15, y Compartir, hay quienes piensan que las cosas no se han hecho bien.
“Recuperar el espacio público está bien, pero en este caso se han vulnerado los derechos de algunos vendedores porque la alcaldía nunca presentó estudios socioeconómicos y el resultado de un censo sobre los vendedores; aquí hay una vulneración en el procedimiento”, sostuvo María Paula Salamanca.
Pero a las controversias generadas por los operativos en San Mateo surgió un problema aún mayor: el alquiler y venta del espacio público.
Un vendedor de la calle 13, quien prefirió omitir su nombre, aseguró que muchos de los que se ubican en este corredor céntrico de Soacha deben pagar diariamente entre 30 y 40 mil pesos para poder trabajar, incluso manifestó que en algunas ocasiones los puestos se han vendido hasta en 4 millones de pesos.
Otros vendedores aseguran que los mismos dueños de locales arriendan el frente de su negocio para dejar trabajar a los vendedores informales, y que hay organizaciones de Bogotá que cuentan con varios puestos, los cuales alquilan constantemente.
Pero el verdadero problema es que la existencia de mafias, delincuencia detrás de las ventas informales y la complicidad de los dueños de los locales es un secreto a gritos y no hay autoridad alguna que se atreva a investigar para castigar a los responsables.
El mismo secretario de gobierno de Soacha, William Mayorga, advirtió que “entre muchas cosas se evidenció que efectivamente se está negociando con el espacio público a través de la venta y el arriendo, y que el Gobierno Municipal no lo va a permitir”.
Evidenciado el problema, muchos se preguntan si las autoridades municipales serán capaces de llegar al fondo del mismo para erradicar las mafias y castigar a quienes se aprovechan de las personas vulnerables.
Si bien el gobierno municipal le sigue apostando a la reubicación en el pasaje comercial de San Mateo, un sitio que se adecuó para este fin, muchos vendedores se resisten a ocuparlo por considerar que las cosas no se han hecho bien desde el comienzo.
Lo cierto es que el común de la gente pide que se continúe con los operativos, pero hay un sector de los vendedores que exige un procedimiento adecuado y que se investigue a fondo quiénes son los líderes de las mafias que se están usufructuando del espacio público en Soacha.
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