La Ministra del Grupo Aval

Posted on 3 de agosto de 20193 de agosto de 2019 by Periodismo Público

Por Jorge Enrique Robledo / @JERobledo

Vencida por el indignado rechazo que generó, estando en China, la ministra del Transporte, Ángela María Orozco, tuvo que renunciar a transferirles 1,2 billones de pesos de recursos públicos a los bancos que le prestaron plata al Consorcio de la Ruta del Sol 2, incluidos cuatro del Grupo Aval, a los que les tocaban 600 mil millones. Los colombianos rechazamos que nos pusiera a pagar los malos negocios de unos particulares y, en especial, regalarle ese platal al socio de Odebrecht en las corruptelas.

Pero que la ministra reculara no le quita que debe renunciar a su cargo, en razón de que en esta y en otras gestiones sobre el Grupo Aval violó unos mínimos éticos y políticos y de encima la Ley 1437, sobre “conflictos de interés”. Porque hasta el 19 de julio de 2018 ella fue representante legal de R&O, empresa de su propiedad que se ufana de tener entre “nuestros clientes” a los bancos de Bogotá y Occidente, ambos de Sarmiento Angulo. Aunque la página de R&O fue eliminada de la web, allí estuvo, por lo menos, hasta el 8 de agosto del año pasado (http://bit.ly/2GLfyUv). Luego sí violó la ley al armar la jugadota que le fracasó. Y lo hizo además en enero de este año cuando, “como ministra de Transporte y en mi condición de cabeza y responsable del sector de infraestructura”, la ANI les transfirió 242 mil millones de pesos de la Ruta del Sol a los bancos Bogotá y Occidente, a los que en esta ocasión la ministra –en frase astuta, como se verá– calificó como “terceros de buena fe” (http://bit.ly/337Benl).

Ángela María Orozco faltó a la verdad al decir que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había declarado a los bancos de este negocio como “terceros de buena fe”, incluidos los cuatro del Grupo Aval. Se saltó la ley cuando en el acuerdo que maquinó con los bancos para transferirles 1,2 billones de pesos, los declaró “terceros de buena fe”. Ilegal por tres razones: porque ella no tenía esa potestad, porque la Superintendencia de Industria y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sus fallos, pusieron a los del Grupo Aval en el mismo saco con los corruptos de Odebrecht y porque el juez que condenó por soborno al presidente de Corficolombiana-Aval le exigió a la Fiscalía procesar a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, el hijo de Sarmiento Angulo que preside el Grupo Aval.

La importancia de la frase “terceros de buena fe” se deriva de que solo a los bancos declarados así puede el Estado regalarles plata en este caso, según lo estableció otro hecho repudiable de esta historia, la Ley 1882 o de infraestructura. Ley a la que el santismo y el Centro Democrático le colgaron un mico, con el voto en contra del Polo, según el cual si en una alianza público-privada (APP) un banco va a perder plata con el contratista al que le prestó, entonces paga el Estado. Y lo aprobaron si excluir a los corruptos y con aplicación retroactiva, para que le sirviera al Consorcio de la Ruta del Sol 2 (Odebrecht-Aval). Con toda la razón, se la conoce como la Ley Sarmiento Angulo.

Tamaña aberración llevó al Contralor a demandar por inconstitucional el artículo 20 de la Ley 1882. Pero, para mal de Colombia, la Corte Constitucional lo mantuvo, adornándolo con una hojita de parra: que solo se les puede regalar plata pública a los banqueros que sean “terceros de buena fe”, categoría en la que este gobierno intenta incluir, mediante argucias y contra la evidencia, a los del Grupo Aval. Fue tan diseñado a la medida este ataque al interés nacional, que la ministra del Transporte ya hablaba de “terceros de buena fe”, como vimos, en enero de este año, cuatro meses antes de la sentencia de la Corte.

Que María Jimena Duzán denunciara a Marta Lucía Ramírez por haber “liderado el tema tras bambalinas” amplía las responsabilidades. Porque la vicepresidenta fue asesora de Sarmiento Angulo y presidenta del Grupo Aval y la ministra Orozco es cuota suya en el gabinete, relación que viene desde cuando fue subalterna de Marta Lucía en el ministerio de Comercio y su socia en R&O. Como los 1,2 billones de pesos se pagaban con TES, los aprobaron Duque y Carrasquilla, otro ex empleado de Grupo Aval. Además, el senador Duque fue el primero en estimular que no se le caducara el contrato, con fuertes sanciones, al Consorcio de Odebrecht y el Grupo Aval, banca que actuó como el principal prestamista a su campaña presidencial. Y fue Andrés Flórez, socio de Carrasquilla en sus bonos, como representante de los banqueros, quien cuadró los 1,2 billones con la ministra de Transporte.

Este es el capitalismo de amigotes en el que la corrupción genera derechos legales y ellos no pueden perder plata, porque nos la cobran a los colombianos, incluso si son cogidos con las manos en la masa. En irritante contraste, a los demás no hay quien los ampare si pierden dinero o se arruinan en sus negocios.