La oscura discordia en el conjunto residencial San Carlos

La oscuridad en las calles de San Carlos es uno de los temas de mayor preocupación para sus habitantes; la suspensión del alumbrado público hace más de dos meses sigue generando controversia entre quienes aseguran cancelar una cuota por el servicio y los que se oponen a pagarla; a esto se suma el debate por el manejo administrativo y la intervención de Codensa.

Hace más de dos meses la empresa Codensa suspendió nuevamente el servicio de alumbrado exterior o de zonas comunes en la urbanización San Carlos, por motivo de las deudas en el pago de este servicio. Dicho pago lo hace la administración del conjunto por medio de una cuota de 17 mil pesos mensuales por cada uno de los 1.410 apartamentos, que también se destina al pago de vigilancia, aseo, parabólica y mantenimiento de zonas comunes.

La recolección de este dinero por cada apartamento sumaría una cantidad de 23 millones 970 mil pesos por mes; más que suficiente para pagar el alumbrado y los demás gastos, pues según Libardo Ramos, administrador del conjunto: “Cada contador llegaba por 2 millones y pico, o sea que entre los tres contadores sumaban casi 7 millones de pesos.”

Estos contadores o medidores fueron instalados en el año 2010 por la empresa de energía Codensa, cuando se llevó a cabo la normalización de las redes en zonas comunes de San Carlos, es decir:

“El conjunto suscribió una nueva cuenta de servicios, mediante la cual se paga la energía con el operador de red local, que es Codensa; ellos entraron e instalaron unos medidores que permiten el paso de energía a las luminarias que se encuentran al interior del conjunto, esto permite determinar el consumo de alumbrado, y luego estas redes se desconectan de la red pública” , indicó la directora técnica de la empresa Sociluz, Silvana Silva.

Además, agregó que otros 30 conjuntos residenciales del municipio han tenido que someterse a este proceso de normalización de redes, por el “hallazgo” de la contraloría general en el año 2007, el cual establece que es un detrimento en el erario público que los habitantes del municipio de Soacha pagaran por la iluminación de un conjunto cerrado. Es decir, los fondos públicos estaban siendo mal gastados en el pago de energía de estos conjuntos.

El hallazgo de la contraloría se rige bajo el decreto 2424 del año 2006, según el cual: “La iluminación de las zonas comunes en las unidades inmobiliarias cerradas o en los edificios o conjuntos residenciales, comerciales o mixtos, sometidos al régimen de propiedad respectivo, no hace parte del servicio de alumbrado público y estará a cargo de la copropiedad o propiedad horizontal.”

Así las cosas, los propietarios del conjunto representados por su administrador, están en la obligación de cancelar estos dineros, no obstante la mayoría de los residentes dejó de pagar la tasa de alumbrado; se acumularon deudas por 14 millones de pesos y en junio del año pasado se suspendió por primera vez el servicio durante cuatro meses. Posterior a este hecho, la administración de San Carlos hizo un contrato con la empresa Codensa, el cual pretendía reducir el consumo y determinar un plan de pago. Libardo Ramos, administrador del conjunto, cuenta al respecto:

“Yo hice ese acuerdo pagando 200 mil pesos mensuales de deuda por cada contador más el consumo, Codensa nos ayudó y suspendimos 98 farolas dejando solo las necesarias, y eso me disminuyo a 2 millones y medio de pesos mensuales. Duré pagando 10 meses bien la luz, hasta que surgió otra vez la abstinencia de pago de la gente, y de nuevo nos quitaron la luz.”

En contraposición a este testimonio, Javier Echeverry, residente de San Carlos hace 15 años, denunció que este trabajo de luminarias no fue hecho por Codensa:

“La administración dejó colocar los contadores diciendo que Codensa se había entrado a la brava, desde entonces nos obligaron a pagar. Luego suspendieron 100 luminarias; ojo, pero no fue Codensa, fueron particulares que colocaron ellos y tras esta situación siguieron recaudando dineros. Se puso en conocimiento de Codensa y a mí me dijeron que ellos no tenían ninguna orden de trabajo para hacer eso. Cuando en verdad vino Codensa, lo único que hicieron fue colocar unos cables aéreos y sacar una línea subterránea”.

contaminacion-.jpgPeriodismo Público solicitó al administrador del Conjunto una copia del contrato que se hizo con Codensa, pero lo que Ramos entregó fue copia del acta de instalación de unos medidores con datos borrosos y sin ninguna firma del representante legal del conjunto, asegurando que este es el único documento del acuerdo que se hizo. Sin embargo allí no se menciona nada de suspender 98 luminarias.

En cuanto al asunto del cableado aéreo, Ramos declaró:

“Codensa nos instaló tres contadores y nos dejaron un pocotón de cables por fuera y aquí el cableado siempre había sido subterráneo. Ahora se ven esos cables ahí salidos, eso se llama contaminación visual”.

La empresa Codensa expidió un comunicado el 11 de febrero del 2011, donde explica claramente las razones para instalar la red aérea.

Por otro lado, algunos residentes son consientes de la situación y están a favor de la administración y del pago de las cuotas, como Miriam Hoyos, quien vive desde hace cuatro años en el conjunto:

“Uno paga la administración para tener todos sus servicios al día, incluyendo la taza de alumbrado, pero hay señores que no se les viene en gana pagar y por esas personas los afectados somos todos, porque no hay alumbrado.”

No obstante, algunos propietarios opositores a la administración como Gabriel Torres, tienen sus propios argumentos para no pagar las cuotas:

“Es que no es solamente pagar el consumo del alumbrado público, es sostener toda esa infraestructura: postes, trasformadores, luminarias, cableado y mantenimiento de todo eso. Esa carga no debería correspondernos a nosotros porqué dentro de la urbanización San Carlos existen unas vías públicas, así lo dice la memoria descriptiva del conjunto y ahí claramente lo dice. Y si dentro la urbanización hay dichas zonas, ¿por qué la alcaldía permite que esas zonas públicas estén a oscuras?”

En el mes de febrero de este año, el Alcalde Juan Carlos Nemocón estuvo en el salón comunal de San Carlos en una reunión con los residentes, y según Libardo Ramos, “el mandatario vino a una reunión y yo no sé por qué le dio por decir que quería invertir un plata aquí y después de eso la gente se echó para atrás con el pago.”

Al consultar con la oficina de servicios públicos de Soacha, la directora Miriam Bello fue clara en decir que la administración municipal no puede invertir ningún dinero de los fondos públicos en un conjunto residencial, porque estaría atentando contra el decreto 2424 y esto daría pie a iniciar un proceso en la contraloría general.

Lo cierto es que por ahora la falta de alumbrado sigue afectando a esta comunidad y lo grave es que no se ve una pronta solución, tal como lo afirma Cecilia Romero, residente del conjunto:

“La vez pasada, cuando quitaron la luz nos afectó mucho, porque hubo atracos, robos, accidentes de carros, incluso una señora se cayó y se lastimó, y ahora otra vez estamos en las mismas.”

Periodismo Publicó presentará próximamente un tercer informe a raíz de las diferencias generadas por el cerramiento y la problemática de inseguridad y de servicios que viven sus habitantes.

Primera parte: 7333

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