Lejos de ser un enemigo de la paz, percibo este nuevo proceso con un profundo escepticismo porque las ocasiones en que los diferentes gobiernos desde el inicio de la violencia misma han intentado “aclimatar” la paz en Colombia, los resultados han sido verdaderamente frustrantes para la sociedad y el país.


El sociólogo norteamericano Robert Merton (1910-2003) afirmaba en su célebre obra “Teoría y Estructura Social” que cuando las expectativas (necesidades básicas) de los actores sociales (la población) no pueden ser resueltas y satisfechas por el sistema social (el Estado), la tendencia que asumen los actores es a rebelarse contra sistema.

La exclusión, la marginalidad, el desplazamiento, la violencia, la carencia de derechos y la falta de oportunidades, la pobreza, la ignorancia, el abandono, la opresión, el engaño, entre otras penurias ejercidas desde las formas más inhumanas hasta las más sutiles sobre la mayoría de la población colombiana, fueron generando las circunstancias para que esas necesidades insatisfechas de los actores de los que habla Merton, se acumularan con el paso de los años y comenzaran a rebelarse contra el sistema económico, político y social colombiano imperante.

Para nadie es un secreto ni mucho menos un descubrimiento que las causas estructurales del conflicto interno en Colombia han sido el resultado de los rígidos desequilibrios económicos, políticos y sociales que la clase política colombiana enraizó en su particular manera de ver el mundo, y por los cuales nunca se interesó en resolver so pretexto de defender un orden económico, político y social anacrónico y decrepito, que se afianzo durante las últimas décadas a la sombra del narcotráfico y se fortaleció con la corrupción al interior de las instituciones en todos los niveles del Estado.

Para mantener y conservar bajo su égida este estatus quo a lo largo de los años, la clase política nacional ha venido aplazando reiteradamente la satisfacción de las más sentidas necesidades y derechos de la mayoría de la población colombiana.

Los sectores más reaccionarios y retardatarios del establecimiento a través de sus personeros han salido a cuestionar en todas las formas posibles el nuevo intento de reconciliación del gobierno Santos con la insurgencia armada o con los (terroristas) como ellos mismos los llaman, haciéndol ver este esfuerzo como la peor herejía de la historia moderna, mejor dicho, como si los procesos de paz en España, Irlanda, la antigua ex Yugoslavia, medio oriente, Suráfrica y El Salvador entre otros ejemplos, se hubiese hecho con ángeles.

La desnaturalización y deslegitimación de la lucha de los actores armados, sus actos de barbarie, su sevicia, su fundamentalismo y otras formas inhumanas de agresión, son entre otros la muestra del alto grado de deshumanización al que ha llegado la acción demencial de todos los actores armados y en consecuencia el conflicto interno, como en su momento ocurrió en los países citados atrás.

El “Puro Centro Democrático” del ex presidente Uribe y sus más notables ideólogos como José Obdulio Gaviria, Fernando Londoño Hoyos, Plinio Apuleyo Mendoza, Rafael Guarín, Salud Hernández, Rafael Nieto, los sectores más guerreristas y fascistas del país como el ex general Harold Bedoya Pizarro y quienes desde la sombra del anonimato pactaron alianzas con el paramilitarismo no quieren la paz.

Mucho menos estos siniestros personajes querrán ceder en los privilegios y riquezas que su paso por el poder les dio la oportunidad de obtener mediante el despojo de tierras a los campesinos, el desplazamiento, la desaparición forzada, la explotación a los trabajadores y toda suerte de atropellos llevados a cabo por la diabólica máquina de guerra del paramilitarismo que ellos mismos desde el poder estimularon, crearon y patrocinaron.

Lejos de ser un enemigo de la paz, percibo este nuevo proceso con un profundo escepticismo porque las ocasiones en que los diferentes gobiernos desde el inicio de la violencia misma han intentado “aclimatar” la paz en Colombia, los resultados han sido verdaderamente frustrantes para la sociedad y el país.

La consecución de la paz exige necesariamente que quienes hoy detentan el poder económico y el poder político introduzcan, realicen, ejecuten cambios profundos en temas históricamente aplazados como la democratización real y efectiva de la propiedad de la tierra, la superación de los desequilibrios económicos y la mejor distribución de la riqueza, o de “la prosperidad” como dijo el presidente Santos, la superación de la exclusión y la marginalidad a la que ha sido históricamente sometida la mayoría de la población, al desarrollo de una verdadera justicia social representada en la universalización y calidad del derecho a la salud, el empleo, la educación y la eliminación de la corrupción como práctica de la administración de justicia y el manejo del Estado, a la participación efectiva y democrática de la sociedad es decir del pueblo, en la conducción del Estado.

¿Hasta dónde las clases y grupos económicos más poderosos del país quienes son los que finalmente gobiernan, están dispuestos a renunciar y sacrificar sus multimillonarias y exorbitantes ganancias obtenidas a costa de la explotación de los trabajadores, del despojo y la violencia ejercida contra toda la población en las forma más salvajes hasta las más sutiles e inimaginables? Anochecerá y veremos.