Cada cierto tiempo surge, sin éxito todavía, la idea de disminuir el tamaño del Estado. Bajar el número de congresistas y magistrados, eliminar dependencias estatales y unir las cortes en una sola son algunas de las propuestas que no han tenido eco. Aprovechando la contingencia del coronavirus y la posible recesión económica, el tema ha vuelto a sonar.

La semana pasada –cuando el Congreso volvió a sesionar formalmente– Óscar Villamizar, representante a la Cámara del Centro Democrático, anunció la radicación de un proyecto de ley para disminuir de 280 a 157 el número de senadores y representantes. El cálculo de Villamizar es que así el Estado se ahorraría alrededor de $316.400 millones anuales.

“El partido ha venido manifestando la importancia de reducir el Congreso desde 2012. La bancada, siendo congruente, está alineada con esto”, explicó en ese momento Villamizar.

Sin embargo, hubo sectores que rechazaron la propuesta, como el Partido Liberal que la calificó como “dictatorial” o Mauricio Toro, representante de la Alianza Verde, quien le dijo a este medio que “es un tiro con rifle al corazón de la democracia. Con la excusa del ahorro no se puede atacar el derecho representativo de los ciudadanos”.

Pero como dijo Villamizar, y también como criticó Toro, no es una idea nueva, al menos no en lo que tiene que ver con reducir el Estado. En 2018, los senadores Álvaro Uribe y Paloma Valencia radicaron un proyecto de acto legislativo, que se hundió, para unificar todas las cortes.

La proposición era, en teoría, simple y había surgido desde la campaña electoral propuesta por el entonces candidato Iván Duque, quien como presidente no lo ha mencionado. Lo que planteaban era que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado se convirtieran en tribunales de segunda instancia para materias civiles, penales y administrativas y que la Corte Constitucional pasara a ser el Tribunal Constitucional Supremo, una súpercorte.

¿Es viable?

La propuesta nace, por lo general, con el argumento de que lo que se ahorra, podría invertirse en otros sectores como salud, agricultura o educación. No obstante, siempre que aparece surge una preocupación: ¿llevarlo a cabo no pondría en riesgo el equilibrio de poderes y el sistema de pesos y contrapesos en los que se sustenta el Estado?

Para John Fernando Restrepo Tamayo, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Medellín, además de arriesgado, es innecesario. Explica que la repartición de poder no se da solo entre las ramas, sino al interior de las mismas. Es decir, si hay varias altas cortes es para evitar que una sola concentre todo el poder judicial.

“Crear una supracorte que concentre todas las jurisdicciones podría tener el riesgo de que se coopte políticamente a dicho órgano judicial y se podría poner en riesgo la misma protección de los derechos fundamentales”, apunta Restrepo Tamayo con contundencia para rechazar la idea.

No obstante, es otra la opinión de Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. A su consideración, el Estado sí puede funcionar mejor, si tiene menos. Y pone dos ejemplos que sirven: el Congreso, apoyando la propuesta del Centro Democrático, y la JEP

“Por esta crisis, el Estado colombiano debe tener una política muy fuerte de subsidios, de créditos blandos a los ciudadanos y esto solo es viable si aligera la carga tan pesada que tiene. Es un país con cinco altas cortes, con un altísimo número de magistrados principales y de magistrados auxiliares”, dice.

El argumento de Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, va por la misma línea: “revisar la burocracia del Estado y los altos sueldos es necesario, no solamente para los servidores públicos sino también para los contratistas. Uno de esos escenarios es el Congreso, la disminución de curules puede ser benéfica sin que se afecte la representación de los territorios con menor población”.

Sin embargo, John Fernando Restrepo señala que el problema de fondo no tiene mucho que ver con el tamaño del Estado, que a su juicio es el suficiente para un país de 50 millones de habitantes. Para él, el inconveniente está en que “no nos han educado para respetar lo público. Es una propuesta que no resuelve ningún problema, que le ladra a la luna, que desenfoca el verdadero problema y pone la discusión en un asunto cuantitativo”.

La discusión, una vez más, está pendiente por darse. Pero desde ya se puede ver que se enfrenta a un panorama complejo, toda vez que es considerada, por distintos sectores, como una medida inviable y hasta “populista”. Solo el tiempo dirá si, al final, será necesario que el Estado colombiano disminuya para ser más ágil, como argumentan sus defensores.

Fuente: elcolombiano.com