¿Los terrenos de la SAE y el CAM resuelven los problemas de la U de Cundinamarca en Soacha?
Durante la última visita del Gobierno Nacional al municipio de Soacha, en el marco del programa ‘Gobierno con los Barrios Populares’, se asumieron compromisos que encendieron las alarmas de la juventud del municipio.
Se trata de la promesa del Ministerio de Educación de cofinanciar la reestructuración del Centro Administrativo Municipal (CAM) para convertirlo en una universidad pública, o como lo llama el alcalde Julián Sánchez, un multicampus universitario[1][2]. Por su parte, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) anunció su voluntad de entregar uno de sus predios a la Universidad de Cundinamarca.
Con base en lo anterior, es determinante preguntar: ¿Qué necesita Soacha en materia de educación superior? ¿Lo propuesto con el CAM resuelve esas necesidades?
¿Qué necesita Soacha en materia de educación superior?
Lo que la juventud ha exigido durante décadas es educación pública, gratuita y de calidad, y esto implica que cualquier sede universitaria tenga garantizada la financiación plena por parte del gobierno nacional, lo cual se traduce en planta docente digna, servicios públicos, aseo, vigilancia, biblioteca, laboratorios, investigación, entre otros.
Entendiendo esto, será más sencillo comprender que un municipio como Soacha necesita financiación estatal para sostener el funcionamiento de una sede universitaria, como la propuesta por el Gobierno Nacional para el municipio.
Antes de detallar las razones por las que este anuncio despertó cuestionamientos de la juventud, vale la pena mencionar que municipios como Soacha hoy enfrentan una gran dificultad: la insuficiente asignación del presupuesto proveniente del Sistema General de Participaciones, que se destina a financiar el acceso a educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Esta asignación presupuestaria presenta un problema, y es que no crece de manera proporcional a los ingresos corrientes de la nación (ICN) anualmente. Como consecuencia, las administraciones municipales se han visto obligadas a recurrir a impuestos y créditos para obtener recursos. En el caso de Soacha, se han visto obligados a aumentar los impuestos para poder pagar la deuda adquirida por el municipio para garantizar estos derechos, dado que los recursos provenientes del Gobierno Nacional han sido insuficientes. Más grave aún, si no se financia la educación desde la nación, podría aumentar aún más la carga tributaria sobre los habitantes de Soacha.
Para mayor ilustración de este ejemplo, puede leer el artículo Gobierno debe atender reclamos en Soacha por Bonos Carrasquilla
Si Soacha no recibe los recursos necesarios para lo antes expuesto desde la nación, solo quedan dos caminos en esta iniciativa de ceder infraestructuras: 1) Sumar esta sede universitaria a la larga lista de instituciones desfinanciadas, o 2) ceder la infraestructura pública a un privado, como la vieja mala costumbre que se tiene en materia de educación en el país.
¿Lo propuesto con el CAM resuelve esas necesidades?
La educación debe ser, en la práctica, un derecho universal, con una amplia cobertura y de la mejor calidad posible; y eso solo se logra con inversión en la financiación. La iniciativa de ceder el CAM y los predios de la SAE, entrega solamente el cascarón.
La exigencia concreta es que se avance en la financiación plena de nuestras IES públicas, teniendo como eje principal la responsabilidad presupuestal del gobierno nacional. La Ley 30 de 1992, en sus artículos de financiamiento (artículos 86 y 87), mantiene congelados los recursos en el tiempo. ¿Qué significa esto? Que hay una gran dificultad para las universidades públicas: aumentan las personas matriculadas, pero deben sostener el personal y el mantenimiento de sus instalaciones con el mismo presupuesto que se describe en dichos artículos.
En la práctica, esto se traduce en que hoy la Universidad de Cundinamarca cuenta solo con 28 docentes de planta para atender a 11.976 estudiantes en las distintas sedes de la región[3]. Aún faltan 451 docentes de planta para garantizar estándares de calidad, pero para lograr esta contratación se requiere presupuesto.
Es por ello que, desde la juventud, nos mantenemos críticos y respaldamos que más jóvenes puedan acceder a la educación superior, siempre y cuando se haga con criterios de calidad; es decir, financiación completa y docentes que puedan dedicarse a la investigación para el desarrollo de la región. Oficinas administrativas que permitan la permanencia y bienestar de los estudiantes, que tienen condiciones diversas en cada municipio del departamento, necesitamos más que paredes. Sin embargo, estas garantías aún no tienen soporte en documentos, pues no hay más que trinos sobre este ‘compromiso adquirido’.
Los jóvenes no podemos dejar de luchar hasta alcanzar una educación científica, de calidad y que aporte al desarrollo de la nación colombiana, sin dejar de lado la independencia y autonomía de las directivas y los gobiernos de turno. Por ello, hacemos un llamado a los estudiantes, docentes y trabajadores a la organización y a la defensa de la Universidad de Cundinamarca de la crisis presupuestal.
Por: Rodrigo Stiven Rojas
Estudiante de Ciencia Política, Universidad Nacional de Colombia e integrante de la Organización Colombiana de Estudiantes (OCE)
[1] https://x.com/julianpericojr/status/1788350051057820061?s=48
[2] https://x.com/julianpericojr/status/1787640810378318002?s=48
[3] Universidad de Cundinamarca, Radicado 16628-Derecho de Petición, Universidad de Cundinamarca, Rodrigo Stiven Rojas Forero, Fusagasugá, 2024-06-21.
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